El PP se ha apresurado a utilizar la reapertura del caso Faisán, por un presunto chivatazo a ETA en 2006, para desgastar al ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El martes el juez que instruye la causa, Pablo Ruz, ordenó que se identificasen a los usuarios de tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, entre ellos el del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, mano derecha de Rubalcaba.
El PP aprovecha esta oportunidad para hipotecar al ministro como posible sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a exigir a Rubalcaba, "una explicación" en el Congreso de los Diputados, lo que supondrá las "31 o 32 preguntas" que el PP realiza sobre este tema en la Cámara sin recibir una información precisa al respecto, según los populares.
De forma similar se posicionó la número dos de Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien exigió la "comparecencia urgente" de Rubalcaba, para que dé explicaciones sobre el caso Faisán, así como que "deje de contestar con evasivas o esconderse en relación a este caso".
Comparación con el GAL. En un acto en Guadalajara, la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha dijo que es "absolutamente urgente" que el ministro de Interior "dé una explicación clara" en relación con el chivatazo después de que se haya comprobado que "hay teléfonos, de los que figuran en la causa, que correspondían al número dos de Interior, y al ministerio".
Más beligerante fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien aseguró que el caso Faisán es "como el GAL pero al revés" porque es "un caso de guerra sucia contra la Policía". Y ahora, añadió, "apunta" al ministro de Interior y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según el responsable de Comunicación del PP, este caso es "gravísimo". "Pero también lo es que Rubalcaba lleve años mintiendo al Parlamento. ¿España no merece la verdad? Detesto el cinismo", concluyó González Pons.
El encargado popular de preguntar por el caso será el diputado Gil Lázaro, quién también pedirá que dé cuenta de las razones por las que en la investigación inicial "se hicieron desaparecer" la existencia de tres teléfonos adscritos a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Gil Lázaro recalcó que el PP va a centrar su ofensiva en dirigir preguntas a Rubalcaba en la sesión de control porque, a su juicio, ése es un método que se ha demostrado "eficaz" porque el Gobierno "no lo puede eludir".
Desde la bancada socialista el encargado en dar explicaciones ayer fue el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, quien dijo tener "confianza plena" tanto en los responsables del Ministerio del Interior como en las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, que se han comportado, en todo momento, con un escrupuloso respeto a la legalidad", declaró Alonso , en una entrevista en Punto Radio.
Asimismo, Alonso señaló que le parece "absurdo" imaginar que alguien del ministerio que dirige Pérez Rubalcaba haya podido colaborar con ETA.
