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El PP garantiza que Merca será pública pero baraja privatizar servicios

Serrano anuncia un cambio de gestión ante los 1,8 millones de pérdidas previstos para este año.

el 06 sep 2011 / 10:57 h.

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Manuel Blanco, nuevo Director General de Mercasevilla.

 En números rojos e inmersa en una ristra de pleitos judiciales. La situación de Mercasevilla no puede ser peor, así que el PP anuncia cambios en la gestión, recortes –como en las contrataciones– o, lo que es lo mismo, una economía “de guerra”. La gestión del mercado central, tal y como está, es “inviable”, por eso el Ayuntamiento (con el 51% del accionariado) prevé un cambio en el sistema sin descartar la privatización de servicios. Eso sí, garantiza el carácter público de la sociedad y que intentará consensuar el modelo de gestión con trabajadores y empresarios.

Así lo explicó ayer el concejal de Economía, Empleo, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano (PP), que anunció una “reformulación” del modelo de gestión de la lonja. Serrano dio detalles del informe económico-financiero que presentará mañana en el consejo de administración en el que se reflejan los “problemas graves”, “críticos”, de tesorería.

Advirtió de que si no se resuelven algunos de los problemas detectados, la sociedad no tendrá dinero para los pagos de octubre. En 2011 se prevé pérdidas por valor de 1,8 millones de euros y dado que el patrimonio neto es de -55.000 euros, la sociedad podría incurrir en una posible “causa de disolución”, según el también sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento.

Y no sería la primera empresa municipal en tal situación, ya que Giralda TV ha tenido que recurrir al preconcurso de acreedores. “No descartamos nada”, respondió Serrano, que será nombrado presidente de Mercasevilla, a la pregunta de si el PP diseñará una sociedad sin trabajadores a su cargo. “No sé si debe prestar servicios públicos o tomar otras medidas para hacerla viable”, apostilló. Lo cierto es que el concejal admite que las tasas a los empresarios de la fruta y el pescado ya son de las más caras del país, por lo que las nuevas vías de ingresos son muy escasas. En su opinión, aunque hay nichos de negocio por explotar, como los terrenos, sólo cabe recortar.

El presidente del gremio de mayoristas de pescado, Salvador López, se apresuró a avisar de que el futuro pasa por la “renegociación” de los servicios que la sociedad impone y cobra a los mayoristas por conceptos como el transporte del género o la facturación. “Los empleos no se perderán, o sólo un mínimo”, dijo.

 ¿Y cuál es la receta del PP? A corto plazo, reclamarle a la Junta el dinero que Mercasevilla le pagó en concepto de multas por la incautación de pescado inmaduro, nada menos que 1,8 millones de euros. “Le pido que tenga comprensión”, indicó Serrano tras anunciar que la próxima semana pedirá una reunión con la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, para que le vaya devolviendo ese dinero porque las primeras resoluciones judiciales han sido a favor de Mercasevilla. Eso, sí hay “posibilidad legal”. Además, le reclama a la Junta los 1,54 millones que adelantó ya la sociedad por el ERE de 2007 (con un coste de 9 millones), del que se desvinculó el Gobierno andaluz.

Por ahora hay una reclamación administrativa, pero el Consistorio irá a los tribunales. En segundo lugar, el PP espera llegar pronto a un acuerdo con los mayoristas de fruta para que abonen los 971.000 euros que deben por el alquiler de la nave. Con ese dinero, Serrano se compromete a cerrar un calendario de obras para adecentar la lonja.
A largo plazo, la nueva dirección realizará un plan de viabilidad e intentará zanjar otros asuntos, como la deuda que tiene Sando de 2,5 millones por los derechos de superficie de tres parcelas. Aquí, el juez decidirá.

Por otro lado, Mercasevilla debe 550.000 euros a Emasesa y 370.000 al Ayuntamiento por el IBI. A eso hay que sumar los 300.000 euros que gasta al año en servicio jurídico. Y es que Merca tiene abiertos cuatro procesos penales (por cohecho, la venta irregular de suelo, delito societario y uso fraudulento del ERE), dos civiles, 93 contencioso-administrativos por multas por el pescado inmaduro y dos laborales. “Sólo falta un pleito militar”, bromeó Serrano, que prometió una gestión “sin saquear ni pedir maletines”.

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