En este documento, que el PP aprobará en la convención que van a celebrar en Palma de Mallorca los días 4 y 5 de marzo, el partido de Mariano Rajoy considera que hay que fortalecer las instituciones para luchar "decididamente" contra la delincuencia, "reforzando los instrumentos del Estado de Derecho y garantizando la seguridad ciudadana".
Por eso, apuesta en primer lugar por "mejorar la comunicación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los ciudadanos a los que sirven". "Queremos impulsar formas de colaboración y participación de las personas con las tareas de seguridad ciudadana", añade el texto.
Además, el PP promete impulsar "un uso intensivo de las nuevas tecnologías tanto en la investigación de los delitos como en la prevención de las acciones criminales, con total respeto a los derechos y libertades fundamentales", impulsar un plan de seguridad rural para luchar contra robos en explotaciones agropecuarias, y reforzar la prevención del acoso por internet buscando acuerdos de protección de menores con las redes sociales y mejorando la seguridad de los datos personales.
En su programa-marco, los populares avanzan también que si ganan los comicios definirán una redistribución de las competencias entre las fuerzas de seguridad que "eviten solapamientos y hagan innecesaria la creación de nuevos cuerpos de seguridad autonómicos".
En este mismo capítulo, el PP apuesta por fomentar los convenios de colaboración de la Guardia Civil como policía administrativa de las comunidades autónomas en materia de medio ambiente, transporte y otras tareas; centralizar en un único número la atención al ciudadano eliminando redundancias y favoreciendo la coordinación; e impulsar un plan de formación profesional en seguridad privada.
En materia de inmigración, el PP aboga porque los inmigrantes accedan a España "a través de vías legales y con sus permisos en regla". "Queremos una política de inmigración ordenada y estable, cuyo principio básico ha de ser la legalidad", insiste.
Los populares consideran que la ordenación adecuada de los flujos migratorios, además de respetar la legalidad vigente, deberá adaptarse a la capacidad real de acogida que tiene España. Se trata, añade el documento del PP, de favorecer una inmigración "vinculada al empleo, manteniendo el control de los flujos como competencia del Estado".
En este sentido, el PP apuesta por la integración de los inmigrantes y para ello "las administraciones públicas han de desarrollar políticas de integración que garanticen un modelo de convivencia basado en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades y la asunción de valores que hacen de España una sociedad más libre y democrática". "Nuestro partido es un claro ejemplo de la incorporación de los inmigrantes a las listas escolares", resalta.
En este capítulo propone medidas como eliminar la restricción geográfica de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena que impiden la movilidad del trabajador extranjero, tan necesaria en época de crisis y que los extranjeros que tengan que retornar a sus países por diversas causas puedan regresar, si lo desean, conservando sus permisos de residencia y trabajo.
Asimismo, el PP se muestra partidario de favorecer la "inmigración circular", es decir, que los extranjeros que vengan a España cuando hay empleo y vuelvan a su país cuando no lo hay, puedan acumular sus periodos de trabajo temporal a efectos de cómputo de permanencia, garantizando el permiso de trabajo en cada temporada.
