La primera pregunta que tendrá que responder Susana Díaz en la primera sesión de control al Gobierno, el próximo jueves en el Parlamento, será sobre el caso de corrupción de los ERE. El PP recibirá a la nueva presidenta de la Junta con la misma estrategia de oposición que desplegó contra su antecesor, José Antonio Griñán. El apresurado relevo en el Gobierno andaluz buscaba cortocircuitar el desgaste al que se estaba viendo sometido por las continuas informaciones en torno al fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. El plan era que la salida de Griñán y de todos los consejeros que se han visto salpicados por el caso ERE permitiera a Díaz recomenzar desde cero, sin el estigma del escándalo. Pero el PP no permitirá esa ruptura con el pasado, por eso esta semana retoma el curso político lanzando a Díaz una batería de propuestas que giran en torno a la transparencia en la administración, todas con el caso de los ERE como telón de fondo.
Entre las medidas que los populares han incluido en su proposición no de ley aparece un órdago a la nueva presidenta, que le obligará a posicionarse respecto a una de los últimos compromisos de Griñán: la limitación de mandato del presidente de la Junta a ocho años. El PP-A se hace eco de una iniciativa lanzada por el expresidente en su último debate sobre el Estado de la Comunidad en el que, tras anunciar que no repetiría como candidato del PSOE a las autonómicas, propuso limitar a dos el número máximo de mandatos del presidente de la Junta y de hacerlo, además de forma general y estatutaria, informa Europa Press. Un mes y medio después dimitió y dejó la presidencia en manos de Díaz. Su sucesora, que apenas lleva dos semanas, no mencionó esta propuesta en su discurso de investidura, y hasta la fecha no ha hecho referencia a la misma. Será en el pleno del jueves cuando se desvele si el nuevo Ejecutivo andaluz y el PSOE apoyan esta medida, que los populares se han apresurado a llevar al Parlamento.
De contar con el apoyo de los socialistas, es previsible que sea a través de un voto parcial a la proposición no de ley del PP, ya que en la misma aparecen otras medidas mucho más ligadas a la estrategia de oposición en relación a los ERE. Los populares instan a la Junta a realizar los cambios legales y normativos pertinentes para establecer la obligación de remitir de oficio al Parlamento todas las recomendaciones y reparos que formule la Intervención General de la Junta, así como todos sus informes de auditorías internas y externas a las que se sometan los entes instrumentales del sector público andaluz. También insisten en una vieja demanda: incluir en la ley de incompatibilidades a los miembros de la unidad familiar de altos cargos públicos.
Declarar la renta // Para combatir la corrupción, el PP también pide reforzar los controles sobre la fiscalización de los recursos públicos mediante auditorías en los supuestos de denuncias de fraudes y procesos judiciales que afecten a la Junta y sus entes instrumentales y que, en caso de que altos cargos o ex altos cargos sean imputados ahora hay una docena de exmiembros del Gobierno imputados en los ERE, incluido cinco seis exconsejeros se prohiba que la Junta pague los gastos de su defensa.
Por su parte, Díaz tiene previsto hacer pública esta semana la declaración del IRPF suya y de su marido, antes incluso de comparecer en el Parlamento. A continuación, el resto de miembros del Gobierno andaluz y de diputados del PSOE imitará sus pasos, por indicación expresa de la presidenta, que espera que PP e IU hagan lo mismo como un ejemplo de transparencia.
El Parlamento también aprobará esta semana la ley antidesahucios, con los votos de PSOE e IU y el rechazo de los populares. La norma reactivará los 18 expedientes de expropiación de viviendas a los bancos que puso en marcha el decreto-ley, pero que fueron paralizados tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central, como anunció el PP-A, prevé presentar ante el TC una ampliación del recurso contra la ley antidesahucios en cuanto sea aprobada.
IU aplaza el debate sobre la reforma electoral al próximo año IU ha renunciado a que durante el presente periodo de sesiones en el Parlamento se cree el grupo de trabajo, previsto en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía. El portavoz de la coalición, José Antonio Castro, ha querido dejar claro en declaraciones a Europa Press que la reforma electoral es necesaria y que se llevará a cabo antes de que acabe la presente legislatura. Que nadie dude de que ese grupo de trabajo se aprobará en esta legislatura, advierte Castro, que cree que las prisas en esta materia se pueden quedar en constituir el citado grupo de trabajo con el plazo suficiente como para que la reforma se lleve a cabo antes de que se convoquen las próximas elecciones autonómicas, previstas en 2016. Vamos a conocer los márgenes que tenemos y esa reforma se hará sin lugar a dudas, dijo.
El cambio de Gobierno y las continuas advertencias del PSOE y del expresidente de la Junta sobre un posible adelanto electoral no han empujado a IU a replantearse acelerar el calendario de la reforma electoral. Los cambios que prevé la coalición no supone un aumento de diputados, sino un reparto en circunscripciones distintos, que beneficiaría a los grupos minoritarios. El socio de Gobierno asegura estar centrado en la tramitación de otras normativas más urgentes en la situación actual de crisis, y no abordará la reforma electoral antes de 2014.
