El PP volvió a arremeter contra la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los ERE. Los populares ya criticaron la decisión del Ministerio Público de recurrir el auto de la jueza Mercedes Alaya en el que exigía las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años, que la Junta considera secretas y que entregó precintadas para su custodia en el juzgado a la espera de que el Supremo dirima si la jueza es competente para levantar ese secreto. El PP también cuestionó el nombramiento de un segundo fiscal para el caso y en una entrevista a Europa Press, el secretaria general, Antonio Sanz, acusó ayer a la Fiscalía de poner "zancadillas continuas" a la investigación y de "obstrucción a la justicia".
"Ha existido una falta total de transparencia y colaboración, con lo que nos tememos que la estrategia de la Fiscalía es una estrategia puesta al servicio no de la investigación y sí de intentar controlar la labor de la juez", añadió. Para Sanz, el caso puede afectar a nueve consejeros, además de a Chaves y a Griñán, y "no es descartable" que haya habido una financiación ilegal del PSOE-A.
También arremetió contra el diputado socialista Ramón Díaz, que fue asesor del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero -uno de los principales imputados-, y al que un detenido de la aseguradora Vitalia acusa de incluir intrusos en el ERE de Saldauto. Sanz pidió su "dimisión inmediata" -tomó posesión cuando el caso ya había saltado- al ser una "indecencia" para la Cámara que esté "manchado hasta las cejas".
