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El PP intenta evitar el debate sobre los alcaldes en la Cámara

Sus regidores-diputados piden por escrito a la Mesa del Parlamento que rechace la propuesta socialista para declarar ambos cargos incompatibles al considerarla "inconstitucional". La iniciativa se debatirá en pleno el miércoles 14.

el 07 sep 2011 / 20:48 h.

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El Parlamento andaluz echó el cierre por vacaciones con una sonada bronca entre los diputados a cuenta de las medidas de transparencia democrática que el presidente Griñán anunció en el Debate de la Comunidad y que el PSOE impulsará en la Cámara en el nuevo curso. Pero a tenor de lo vivido ayer en la Junta de Portavoces celebrada para fijar el orden del día del primer pleno postestival -que se celebrará los días 13 (en sesión extraordinaria), 14 y 15 de septiembre (éstas ya ordinarias)- no parece que el verano haya templado los ánimos.

 

El tema candente sobre la mesa es la incompatibilidad que los socialistas quieren implantar entre ser alcalde y diputado. Los populares, que antaño rechazaban la acumulación de cargos, acusan al PSOE de cambiar las reglas del juego cuando le conviene. Tras la victoria popular en las municipales, el gran perjudicado es el PP, con una veintena de regidores en sus escaños. La Mesa de la Cámara admitió a trámite la Proposición de Ley. El PP trató de impedirlo con un escrito de sus alcaldes-diputados pidiendo a la Mesa que la rechazara.

El texto alega que no hay "razón objetiva" para tal incompatibilidad sino una razón "puramente subjetiva" como impedir al "vencedor de las pasadas municipales que pueda llevar a la Cámara la voz de los pueblos".

Además, considera que esta modificación de la Ley Electoral es "claramente inconstitucional" porque supone un "claro ataque" al principio de igualdad de acceso a funciones y cargos públicos recogido en la Carta Magna. En realidad, la propuesta socialista no pide que los alcaldes sean inelegibles como diputados sino que si salen, deben elegir (ya tienen que renunciar a uno de los dos sueldos). Para el PP, al admitir y calificar favorablemente esta propuesta, la Mesa de la Cámara actúa "de manera contraria a los derechos fundamentales".

Su portavoz, Esperanza Oña, tildó de "anómala" la actitud de la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, de rechazar el recurso de su grupo. Coves dejó claro que el escrito se debatió ampliamente en la Mesa con "respeto absoluto al Reglamento". Otra cosa es que la interpretación del PP sea distinta a la de los servicios jurídicos de la Cámara.

El portavoz socialista, Mario Jiménez, criticó que el PP quiera "impedir" el debate de la iniciativa, previsto para el miércoles, y considera este punto el "único escollo" para que los grupos se pongan de acuerdo sobre las medidas de calidad democrática. Los populares sí apoyan la supresión de las pensiones a los expresidentes, la obligación de que los familiares hagan públicas sus datos fiscales y relaciones con la administración (el PP defiende que se les prohiban) o que los diputados no puedan tener otro sueldo público o privado.

Antes de este debate, los grupos se verán las caras el martes para debatir si apoyan la petición del PSOE de reclamar al Estado la delegación de las competencias del Guadalquivir. Los socialistas se están reuniendo ya con IU y PP para lograr unanimidad a una petición que tendrá que resolver el Gobierno que salga del 20-N.

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