El PP enviará a la Fiscalía Superior de Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas que en 2007 detectó "irregularidades de contratación" en las empresas públicas Sandetel y sus sociedades filiales Sadesi y Citandalucia. Los populares consideran que hay "indicios de delitos" del Gobierno andaluz y exigirá en el Parlamento la constitución de una comisión de investigación. El informe revela que "se detectaron contratos" para los que existía "indicación expresa" de la Consejería de Innovación "del que debía resultar adjudicatario".
El portavoz de Presupuestos del PP andaluz, Salvador Fuentes, denunció ayer en rueda de prensa que entienden que el informe "confirma que hay actuaciones fraudulentas al margen de la ley que pueden ser constitutivas de delitos".
La idea del PP es conocer primero qué opina la Fiscalía Superior de Andalucía, aunque no descarta denunciar el asunto en los tribunales. Se trata, según el diputado, de "gravísimos hechos" en el ámbito contable, laboral y de contratación, que "pueden ser constitutivos de delitos". Además, Fuentes reiteró -tal como anunció el domingo el presidente del PP andaluz, Javier Arenas- que el grupo popular pedirá que se cree una comisión de investigación en la Cámara autonómico sobre el entramado de las empresas públicas.
Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia y participada en un 51% por la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación y en un 49% por la Radiotelevisión andaluza.
El informe de fiscalización de 2007 refleja a indicación expresa de contrataciones y de la prórroga de contratos que por su cuantía debían haberse ofertado públicamente, según la Cámara, que cita casos concretos como el de seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel que prestan sus servicios de forma permanente en la Consejería de Innovación.
Además, se refiere a "incumplimientos" en los estados financieros, entre ellos de "debilidades" en el control interno y la imposibilidad de comprobar la legalidad del sistema de acceso a puestos en Sandetel y Citandalucía.
En opinión del PP-A, esta fiscalización "confirma lo que todo el mundo sospecha, que hay una trama y una red clientelar en la que se colocan amigos y parientes, y adjudicaciones a empresas a dedo".
Salvador Fuentes esgrimió que la Cámara de Cuentas viene a "constatar prácticas que no nos cogen de sorpresa", y aludió el "incumplimiento" de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del Estatuto de los Trabajadores, de la ley de Presupuestos de la Junta, del Plan General Contable y de la ley general de Subvenciones.
Zarrías y Vallejo en la diana. Durante la época en se produjeron estas circunstancias, el responsable de la Consejería de la Presidencia era el actual secretario de Estado de Cooperación Territorial Gaspar Zarrías, mientras Francisco Vallejo ocupaba la Consejería de Innovación, por lo que Fuentes advirtió de que la gestión de ambos "empaña" tanto la imagen de Manuel Chaves, entonces presidente andaluz, como la del actual, José Antonio Griñán. "La sombra de la duda en la gestión de ambos se ha alargado", apostilló.
