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El PP lleva la trama de los ERE ante la Fiscalía Anticorrupción

Los populares vinculan a falsos prejubilados con las ayudas a formación. El PSOE asegura que entre los 73 intrusos detectados por Empleo solo hay ocho socialistas ya expulsados del partido.

el 07 mar 2011 / 21:49 h.

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El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, rodeado de los dirigentes de Nuevas Generaciones.
El PP quiere confirmar su teoría de que el fiscal general del Estado está actuando con una "doble vara de medir" en los asuntos de corrupción que salpican al PP y al PSOE. Tras la reunión del comité de dirección, la secretaria general María Dolores de Cospedal anunció ayer que esta semana presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción "un expediente completo" sobre las supuestas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sufragados con dinero público. "El caso de los ERE no es más que la parte que se ve de una serie de fraudes que se pueden estar produciendo en el ámbito de la Junta, por ejemplo con los fondos de ayuda a la contratación", dijo.

 

Fue más allá el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, al vincular directamente la trama de los ERE con las ayudas para el empleo (para cursos de formación ocupacional) supuestamente fraudulentas. Sanz aseguró que entre los 73 falsos prejubilados que admite la Junta o su entorno familiar hay algunos que gestionan centros subvencionados para ofrecer cursos de formación para el empleo. "La trama de los ERE tiene su extensión en la formación para el empleo, donde de forma sospechosa terminan coincidiendo personas y empresas implicadas", dijo. El PP denuncia que algunos intrusos en los ERE -aparte de recibir dinero por una prejubilación que no les correspondía porque nunca trabajaron en esas empresas- habían montado un doble negocio, por un lado hacían informes ficticios para los ERE, y por otro ofrecían los cursos de formación que subvencionaba Empleo. "No puede ser casualidad que personas que ahora están denunciadas como intrusos en los ERE se dedicaban a constituir empresas que servían para hacer informes ficticios para los ERES y ofrecían cursos de formación", añadió.

Es el caso de las consultoras Maginae Solutions y Siemur, que también gestionaban cursos de FPO, según pudo saber este periódico. Ambas firmas pertenecen a Ismael Sierra, cuñado del sindicalista Juan Lanzas, detenido por ser el conseguidor de la trama. Lanzas, aparte de figurar con su mujer en el ERE de Hitemasa (donde nunca trabajó), era el intermediario entre la Consejería de Empleo, los comités de las empresas en crisis y las aseguradoras que pagaban las pólizas de los falsos jubilados. Sanz pidió una comisión de investigación sobre la gestión del SAE en la formación para el empleo.

La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, no entró a valorar ayer estas acusaciones. "Van a estirar ese chicle hasta que se rompa. El PP no puede tapar sus vergüenzas tirando de nuestra manta, porque nuestra manta no es tan grande", dijo.

Torres insistió en que la Junta fue la primera en llevar el asunto de los ERE a los tribunales, y consideró innecesario abordar el tema en una comisión de investigación en el Parlamento. "Los populares quieren hacer una causa general contra el PSOE. El PP se mofa de los ciudadanos porque no cree en los procedimientos judiciales. Dispara al juez, al fiscal y a la Policía".

La presidenta reiteró que, aparte de los ocho socialistas (ya suspendidos) que aparecen en la lista de 73 intrusos, no hay más implicados que formen parte del partido. "Si aparecen más, también les suspenderemos", dijo. Torres negó que los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, tengan que asumir responsabilidades políticas. "Es mucho querer subir peldaños. Guerrero ni siquiera está imputado", dijo. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, fue el primero en declarar a la Policía que la Junta usaba un "fondo de reptiles" de 647 millones de euros para sufragar de forma más o menos arbitraria a empresas en crisis.

UGT CUESTIONA A EMPLEO Y CREE QUE LOS INFILTRADOS SON MENOS

En la investigación interna sobre las irregularidades en ERE pagados con dinero público, la Junta ha rastreado 35 empresas y localizado a 73 intrusos en 19 de ellas, que cobraron las prejubilaciones sin haber trabajado en ellas. Empleo ha remitido esos casos a los tribunales, pero el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, cuestionó ayer la cifra oficial de irregularidades al considerar que los intrusos "son bastantes menos".

"Estamos absolutamente convencidos que ni los datos de la Consejería de Empleo son ciertos en cuanto al número de personas que están en los expedientes de manera fraudulenta", dijo Pastrana. Según el líder sindical, una parte "si no muchos de los presentes en los expedientes de manera irregular no lo son".

UGT justifica sus dudas en que han examinado los expedientes en los que han intervenido sus representantes y no han encontrado falsos prejubilados más allá del caso de Juan Lanzas y la mujer del secretario de Organización de la Federación Agroalimentaria de Jaén, Luis García de los Reyes, que aparece de forma fraudulenta en el ERE de Hitemasa. García de los Reyes dimitió y su mujer, trabajadora de UGT-Jaén, ha sido despedida. Pastrana aseguró que depurará responsabilidades y se querellará contra quien se aproveche del sindicato en su beneficio porque "quien la hace la paga".

No en todos los ERE investigados por la Junta intervino UGT pero el sindicato considera que por extrapolación, no pueden ser tantos los fraudes. Pone el ejemplo de la Base de Morón, aunque fue el PP quien denunció la inclusión de dos cargos del PSOE de Alcalá y sus hermanos, sin que se haya demostrado que no trabajaron allí.

El sindicato, que reconoce no tener información directa, ha pedido personarse en el caso Mercasevilla.

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