El PP volverá a llevar al Parlamento el debate sobre el terrorismo. Los portavoces autonómicos populares acordaron el jueves presentar en sus respectivas Cámaras iniciativas para la atención a las víctimas de ETA y también para la defensa del castellano.
Unos quince portavoces parlamentarios se reunieron ayer en el Parador de Golf de Málaga para abordar el paquete de iniciativas conjunto sobre el terrorismo y el castellano. Este encuentro tendrá una periodicidad trimestral. El próximo será en Castilla-León en la primera semana de octubre.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, explicó que el acuerdo en relación a las víctimas de ETA contempla presentar proposiciones de ley para la atención y ayuda a ellas, o en otros casos, iniciativas para mejorar la legislación actual. Además, se pretende promover pactos con el resto de grupos políticos de cada Parlamento para que en la Cámara se exhiba algún símbolo público en reconocimiento a las víctimas.
El también vicesecretario de Política Territorial del PP añadió que se apoyarán las iniciativas para exigir la retirada de símbolos públicos que ensalcen el terrorismo y, en cambio, se pedirá que se ponga el nombre de las víctimas a plazas o calles de los municipios como reconocimiento.
En cuanto a la defensa del castellano, se decidió presentar proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que garantice que todos los ciudadanos puedan utilizarlo y estudiar con él en todas las etapas del sistema educativo, además de que está previsto un proyecto de ley para septiembre.
Arenas explicó que durante la reunión también se habló de la economía y acusó al Gobierno de un "abandono absoluto" de las pequeñas y medianas empresas (pymes). El PP ha propuesto que la administración pública "se apriete el cinturón", que bajen los impuestos y que haya un plan de ayuda a las pymes y a las familias hipotecadas.
Críticas a Canal Sur. Arenas consideró el jueves "un auténtico escándalo" las "irregularidades e incumplimientos sistemáticos" detectados en Canal Sur Televisión por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del año 2006, por lo que solicitará la celebración de un consejo extraordinario de la cadena andaluza para pedir responsabilidades y dejó claro que el equipo actual que la gestiona "bajo ningún concepto puede continuar al frente de la misma". Hizo hincapié en el hecho de que "la Cámara de Cuentas detecte multitud de irregularidades y anomalías en las cuentas de Canal Sur" y apuntó que "se pone de manifiesto que se incumple con reiteración la Ley de Contratos y se plantean pérdidas de 112 millones de euros y unas deudas de 52 millones".
