R. Velis / J. Alonso
Una vez difundido el caso Mercasevilla y tras la declaración del interventor municipal, quien afirmó que no se le había encargado informe alguno sobre el caso Unidad pese a existir una deuda de 6.000 euros, el PP solicitó que el alcalde acudiera como testigo en la investigación. El juez lo admitió ayer. Tendrá que declarar el 18 de mayo.
En la providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 14, el magistrado justifica la convocatoria de Alfredo Sánchez Monteseirín para que aclare si el Ayuntamiento encargó "o si ha practicado alguna diligencia de investigación" sobre las supuestas facturas falsas, después de que el pasado 1 de abril el interventor del Ayuntamiento señalara ante el juez que la Intervención Municipal no tenía orden de investigar a la Federación de Vecinos Unidad, pero desconocía si otro departamento se encargó.
Por este motivo, el juez del caso, Manuel Centeno, ha admitido la petición del PP, que después de la citada declaración solicitó al juez que el alcalde acudiera al juzgado en calidad de testigo. El magistrado considera que antes de practicar una serie de pruebas que ha solicitado el Ministerio Fiscal "procede acordar su citación para que como testigo declare sobre el punto indicado y otros que puedan surgir".
El próximo 18 de mayo a las 11.00 horas Monteseirín deberá responder a las preguntas que le planteen el fiscal y el PP sobre por qué no se abrió una investigación sobre las irregularidades detectadas en varias facturas de Unidad, pese a que se detectó que debía 6.000 euros al Ayuntamiento o, si por el contrario, algún departamento municipal ajeno a la Intervención se encargó del caso.
Con la citación, el PP ha logrado que el alcalde acuda a declarar justo cuando ha salido a la luz pública el caso Mercasevilla. Además, la intención de los populares es vincular ambos casos y el de las facturas falsas de Macarena, ya que la hermana del ex director general de Mercasevilla Fernado Mellet, investigado por Fiscalía por un presunto delito de cohecho, trabajaba en Unidad, entidad a la que el grupo municipal socialista supuestamente envió un fax con instrucciones para realizar una factura falsa. Además, todo los imputados en estos casos eran militantes de la agrupación socialista de Marcarena, con lo que el PP también pretende vincular los tres casos con la agrupación.
Para el secretario general del PP de Sevilla, Juan Bueno, el alcalde es "el epicentro del escándalo" porque "cuando la denuncia llegó al Ayuntamiento no se inició ningún tipo de investigación". Fue el propio Bueno quien solicitó al juez la declaración, aunque no era la primera vez que los populares intentaban llevar a Monteseirín al juzgado.
Según lo que declaró el interventor, Unidad debe al Ayuntamiento 6.000 euros derivados de subvenciones no justificadas convenientemente, lo que provocó que la asociación fuera incluida en un listado para no concederle ninguna subvención. El empleado municipal explicó que entre las 23 subvenciones concedidas a dicha entidad había dos facturas del año 2004 por importe de 4.600 y 700 euros que no estaban justificadas, aunque los 4.600 euros fueron devueltos.
Todas estas declaraciones están teniendo lugar después de que el ex concejal de Vía Pública del Consistorio hispalense y ex presidente de Unidad, Manuel Gómez Lobo, y su sucesora al frente de la entidad vecinal, Ángeles Nevado, declararan en septiembre de 2007 en calidad de imputados por las presuntas irregularidades en la justificación de subvenciones otorgadas tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación Provincial.
