En su declaración ante la Guardia Civil, el exdirector general de Trabajo y principal imputado por la supuesta trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares Francisco Javier Guerrero, apuntó al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías al asegurar que el consejillo (reunión previa al consejo de Gobierno entre los viceconsejeros y presidida por el consejero de Presidencia) también dio el visto bueno al procedimiento por el que se otorgaban las supuestas ayudas irregulares. Ayer, el PP ya anunció que van a pedir a la jueza Alaya que le solicite a la Junta las actas de estas reuniones.
Así lo explicó la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, quien dijo que su formación va a “reclamar por vía judicial las actas de los consejillos que estuvieron dirigidos” por Zarrías, pues los considera “importantes para esclarecer la verdad” en la investigación del caso. El anuncio del PP se produce justo al día siguiente de que los populares, una vez disuelto el Parlamento, solicitaran al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la comparecencia urgente del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ante la diputación permanente para dar una explicación sobre estas acusaciones de Guerrero, a lo que el PSOE se negó.
Soto señaló ayer en rueda de prensa que la declaración del exdirector general de Trabajo ante la Guardia Civil supone “una prueba evidente” de la participación de los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán en la trama fraudulenta de los ERE, así como en el llamado fondo de reptiles.
En este mismo sentido se expresó ayer el líder de los populares en Andalucía, Javier Arenas, quien en una entrevista con Onda Cero, y recogida por Europa Press, dijo que no da credibilidad “en términos jurídicos” a Guerrero, destacando que Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, “fueron quienes creyeron en él durante nueve años”, pues fueron los que le mantuvieron en su responsabilidad.
Arenas, que aclaró que su “misión” no es creer o no a Guerrero porque “eso le corresponde a la juez”, aseguró que lo que sí tiene claro en este asunto es que la Junta “está impidiendo la investigación parlamentaria, acosando a la juez que instruye el caso y tratando de obstruir la investigación judicial”. Para él “quien leía los informes de la Intervención General incrementó el fondo de reptiles y es el responsable de que no haya habido controles a priori y a posteriori en las ayudas otorgadas con los fondos de empleo ha sido el señor Griñán”.
El presidente del PP-A también lamentó que se hayan “dilapidado” mil millones de euros de los fondos de los parados, que el PSOE-A haya rechazado hasta en diez ocasiones la petición de la celebración de una comisión de investigación en el Parlamento, y que no se hayan analizado los llamados ERE muertos, es decir, aquellos que ya han sido abonados en su totalidad.
Por su parte, la Junta de Andalucía anunció ayer que ha dado un plazo (sin desvelar hasta cuándo) a las aseguradoras que se hicieron cargo del pago de las pólizas de los ERE para que aclaren cuánto cobraron en comisiones. Según el último auto de la jueza, algunas fueron “disparatadas” y muy por encima de la media del mercado (hasta el 25% del coste de un ERE). La consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, no pudo precisar cuánto dinero ha abonado la Junta en comisiones a los intermediarios en los ERE, pero sí insistió en que se “va a mirar expediente por expediente” para poder recuperar el dinero que se pagó al igual que las cantidades abonadas incorrectamente a los intrusos. El PP, por su parte, cifra el sobrecoste de las subvenciones entre los 150 y los 200 millones.
