El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) anunció ayer que va a solicitar que "se investiguen y paralicen cautelarmente" todos aquellos convenios o expedientes firmados por el consistorio con la empresa mencionada en las escuchas del caso Hidalgo con intereses urbanísticos en el municipio.
Según el portavoz popular, Ignacio Mena, en las escuchas del citado caso contra el blanqueo de capitales se hace mención al convenio "260 firmado con Parque Rosales S.L, relativo a la UEN-E8 Atalaya que se llevó a pleno el 24 de febrero de 2006 solo para dar cuenta y que es un convenio de venta de aprovechamientos no susceptible de apropiación privada". En relación a este documento, el PP adelantó que pedirán que "se retrotraigan todas las actuaciones al momento anterior a la firma de ese convenio", según explicó Mena. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), lamentó la política de "crispación" del PP y explicó que Parque Rosales sólo firmó un convenio con el Ayuntamiento de Estepona, "de sustitución del aprovechamiento de cesión".
"Los informes que existen son de la persona que habitualmente informaba los temas de valoraciones en el Ayuntamiento, que es un técnico municipal, y además lleva el informe del jefe de los servicios técnicos, que no es precisamente este arquitecto municipal, y un informe jurídico que lo ratifica, con informe favorable del secretario", sentenció el edil de Urbanismo.
Por otra parte, la Plataforma vecinal de Estepona pidió ayer que la Fiscalía Anticorrupción investigue al arquitecto municipal que figura supuestamente en las escuchas policiales del sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales y que fue apartado por el Ayuntamiento por ese asunto.
