El PP andaluz, principal partido de la oposición, se hizo eco ayer de dos informes de actuación emitidos el pasado mes de febrero por la Intervención General de la Junta, que alertan de supuestas irregularidades en la agencia pública IDEA dependiente de la Consejería de Economía por la concesión de avales que superan los 39 millones de euros a tres empresas afincadas en Andalucía. La vicesecretaria general del PP-A, Virginia Pérez, exigió al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, explicaciones urgentes por el supuesto «agujero de 40 millones» en la concesión de tres préstamos en 2010: uno de 36 millones a Santana Motor, y otros dos a las sociedades A Novo Comlink y Dolmen Consulting Inmobiliario, según publica El País y El Mundo.
IDEA; La Intervención General de la Junta es el órgano que fiscaliza el uso del dinero público en la administración autonómica, y un informe de actuación constituye un piloto rojo de alerta al Gobierno andaluz para advertirle de que puede estar produciéndose un delito, en este caso de menoscabo de fondos públicos. La número tres del PP mostró ayer su preocupación por la «mala práctica» en la concesión de avales «en exceso» por parte de IDEA. Pérez recordó que, en toda la historia de la Junta, sólo había constancia de un informe de actuación de la Intervención General, referido al Hospital del Poniente de Almería, y subrayó que ese tipo de informes se llevan a cabo cuando se detectan «irregularidades o anomalías». Por ejemplo, una de las tesis de la defensa del Gobierno andaluz en el caso ERE se basa en que sus dirigentes nunca recibieron un informe que alertase de un delito. El exinterventor emitió 15 informes advirtiendo de que el sistema de concesión de ayudas de los ERE era discrecional y arbitrario, y podría dar pie a irregularidades, pero en ninguno reseñó que hubiera delito.
Los informes de Intervención sobre IDEA, según lo publicado, denuncian que el Gobierno andaluz aprobó a finales de 2009 un «crédito reembolsable» de 36,1 millones de euros a Santana Motor que, en realidad, se transformó en «una ayuda a fondo perdido». La empresa de automoción afincada en Linares (Jaén), de cuya gestión se ocupó la agencia IDEA hasta su cierre en 2011, se encuentra actualmente en fase de liquidación y no ha devuelto los 36,1 millones de euros.
El préstamo, al superar la cantidad de 12 millones de euros, tuvo que pasar por la autorización del Consejo de Gobierno, que aprobó la concesión del crédito el 15 de diciembre de 2009, y fue publicado en el BOJA. El aval tenía un interés del 0 por ciento de carencia y diez de periodo de reembolso (que nunca se produjo). El convenio fue firmado por el entonces consejero de Innovación, martín Soler, y el exdirector de IDEA, Jacinto Cañete, pero la Intervención detectó modificaciones del texto posteriores al acuerdo (hay cláusulas que desaparecieron). El órgano de control también denuncia la omisión de la fiscalización previa (ésta sólo analizó el acuerdo del Consejo de Gobierno y no el texto publicado en el BOJA) y subraya que se incumplió la Ley de Presupuestos de 2010, por haberse autorizado un gasto superior a 12 millones de euros. IDEA rechaza que se haya producido menoscabo de fondos, y habla de «incidencia de tipo administrativo» que tiene una «solución administrativa fácil y rápida». Respecto a las diferencias entre la redacción del convenio y el texto publicado en el BOJA, la agencia anuncia que se van a «anular aquellas cláusulas que difieran del convenio» autorizado por el Consejo de Gobierno. «En ningún caso ha existido daño efectivo, ya que los convenios siempre han contemplado la devolución de los fondos», reza un comunicado. El otro informe es sobre un aval de 1,5 millones a Dolmen y la misma cifra para A Novo.
