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El PP pide al Estado que 2.000 pisos de EPSA y Emvisesa no paguen IBI

Presenta una moción al pleno para que el Gobierno cambie la ley para las VPO de alquiler social.

el 29 nov 2012 / 15:04 h.

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Entre EPSA y Emvisesa, las empresas públicas de vivienda de la Junta y el Ayuntamiento, existen en Sevilla unas 2.000 viviendas públicas destinadas a alquileres sociales de familias con ingresos muy bajos. Los inquilinos de estos pisos pagan un mínimo de renta por el arrendamiento mientras que los propietarios de éstos, ambas empresas públicas, deben hacerse cargo de tributar el IBI, que recauda el Consistorio. El grupo municipal del PP llevará al pleno de hoy una moción para que el Gobierno central modifique la Ley de Haciendas Locales y estas viviendas estén exentas de pagar IBI. Eso sí, el texto también reclama que el Estado compense económicamente los ingresos que las arcas municipales dejarán de percibir por este concepto mediante la partida correspondiente a la participación en los ingresos del Estado.

Puede resultar llamativo que una administración gobernada por el PP, el Ayuntamiento, reclame a otra del mismo signo, el Gobierno central, una reforma legal que, en el fondo, beneficia a una tercera de signo contrario, la Junta de Andalucía, además de al propio Consistorio (y a todas las administraciones con viviendas públicas de alquiler social ya que si cambia la norma afectaría a todo el país). Pero el texto de la moción, y la exposición de la misma realizada ayer por el concejal y delegado del distrito San Pablo-Santa Justa, Jaime Ruiz, arrojan luz al asunto. El Gobierno municipal recuerda que en el caso de los pisos de Emvisesa destinados a alquiler social, 135 en la barriada Los Carteros, es la empresa pública municipal la que se encarga de pagar el IBI si bien en el caso de EPSA (que en Sevilla cuenta con unas 500 viviendas de este tipo en el distrito San Pablo-Santa Justa, 1.300 en el Polígono Sur y unas 70 en la calle Nebli de Nervión) también era así hasta que "encargó un dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía el 18 de abril de 2012 para que fueran los inquilinos los que lo pagaran". Pese a que el propio Ruiz reconoció que los inquilinos no están abonando ese impuesto, el concejal popular instó a dar carta de legalidad a esta práctica y recoger así una demanda vecinal iniciada precisamente entre los inquilinos de alquileres sociales de la barriada Las Huertas, en el distrito San Pablo, que se movilizaron cuando la Junta les trasladó que debían empezar a pagar ellos el impuesto y siguieron ingresando solo el dinero correspondiente al alquiler. En el caso de estos vecinos la renta es de 17 euros y el IBI unos 34.

Si los inquilinos no están pagando ese IBI que desde abril debían asumir ellos, ¿lo hace EPSA? Ruiz no pudo responder a ello aunque el Ayuntamiento sí aclaró que actualmente, la deuda de EPSA con el Consistorio correspondiente al pago del IBI de VPO de su propiedad (no solo aquellas arrendadas en régimen de alquiler social) asciende a 250.000 euros. Otros 1,4 millones están pendientes de pago aunque EPSA aún está dentro del plazo para abonarlo.

La moción del PP municipal también pide a EPSAque no aplique el dictamen del Consejo Consultivo y mientras el Gobierno cambia la ley estatal sea la empresa pública de la Junta quien siga asumiendo el abono del tributo y no los inquilinos, pese a reconocer que en la práctica los vecinos no lo están pagando.

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