El PP-A registró el viernes un escrito ante la Mesa del Parlamento para pedirle a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, que paralice la tramitación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que se debatirá en Pleno el miércoles, porque se han admitido 14 enmiendas del PSOE, de las que 12 no tienen "ninguna conexión" con dicha ley. El vicesecretario de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona, denunció ayer que los socialistas han colado en la tramitación de esta ley -que se aprobará en el último Pleno del año- medidas ajenas que, según dicen, modificarán dos decretos ley, otras cinco leyes ya existentes y el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos de 2012, que ni siquiera está aprobado aún, y que en las enmiendas socialistas figura como "Ley XXX".
Los populares consideran que esas enmiendas son "anticonstitucionales" y exigen la convocatoria "urgente" de la Mesa del Parlamento para que ésta reclame a los servicios jurídicos un informe al respecto y la suspensión cautelar de la tramitación de la ley en tanto no se conozca dicho dictamen jurídico. Las enmiendas a la Ley de Patrimonio fueron admitidas a trámite en la comisión de Hacienda el pasado día 7. Según los populares, el letrado del Parlamento ya presentó entonces algunas objeciones a las propuestas del PSOE.
El objeto de la susodicha ley es, entre otras cosas, una subida del mínimo exento para personas con discapacidad y la regulación del gravamen del impuesto sobre el Patrimonio. Según el portavoz del PP en la comisión de Hacienda, Jaime Raynaud, las enmiendas socialistas modificarán la ley del IRPF en cuanto a los gastos deducibles por despido, la ley de reducción del déficit en lo referente a proyectos de interés estratégico, la reordenación del sector público en cuanto a incorporar a determinados funcionarios en el puesto de directores generales, la ley del plan Proteja respecto a obras retrasadas para que se amplíen hasta marzo y la ley del juego y apuestas sobre la exención a apuestas de la ONCE.
Los populares sostienen que este proceder es procedimiento "anticonstitucional", y apelan a dos sentencias del Tribunal Constitucional de 2011 que exigen "la necesidad" de que haya "una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado" por el "carácter subsidiario" que tienen respecto a aquel. Carmona tildó la actuación de los socialistas de "falta de respeto, como si creyera que el poder legislativo es suyo". El PP también criticó el cierre anticipado del ejercicio presupuestario de este año en noviembre decretado por la Junta, que juzga "gravísimo" porque "retrasa al ejercicio siguiente un volumen de pago importante", y lo atribuyen a la "dificultad" de acabar el año con un 1,3% de déficit.
