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El PP pide anular la Ley de Aguas tras el fallo del Guadalquivir

El pacto político de PSOE, PP e IU por el Estatuto sobrevive a la espera de una solución definitiva para la gestión del río.

el 24 mar 2011 / 21:01 h.

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Responsables de los grupos políticos en la reunión de la comisión de desarrollo estatutario del Parlamento.

El PP andaluz aprovechó ayer para pedir al Gobierno que derogue la Ley de Aguas, aprobada el pasado año, y el decreto de reordenación del sector público, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las competencias de la Junta sobre el Guadalquivir. Fue la única nota discordante en la comisión de desarrollo estatutario.

Este foro del Parlamento, que se reunió por vez primera desde que se aprobó el Estatuto hace cuatro años, fue convocado a raíz de la sentencia del Alto Tribunal que tumbó el artículo 51, que fijaba "competencias exclusivas" de Andalucía sobre el Guadalquivir.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, defendió la necesidad de mantener vivo el consenso del Estatuto para lograr una solución política que permita el "máximo" papel de Andalucía en el río. El Constitucional anuló las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir que la Junta ostenta desde enero de 2009. Esa transferencia también está recurrida en el Supremo.

Los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán se reunieron el lunes para buscar soluciones. Ambos Gobiernos acordaron aprobar una encomienda de gestión para dejar estas políticas en manos andaluzas. Sería provisional. El jueves se reúne la Comisión Bilateral Junta-Gobierno.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, incidió en el compromiso de su partido por preservar el consenso. No obstante dejó clara su preocupación por una situación de "peligroso limbo". A su juicio, la sentencia del Constitucional pone "en tela de juicio" la gestión de las políticas de aguas de la Junta. Aprovechando este asunto, el popular reclamó que se derogue la Ley de Aguas, que siempre ha contado con el rechazo frontal del PP por fijar un canon con fines recaudatorios para dedicarlo a infraestructuras hidráulicas. La norma ha sido recurrida por los alcaldes del PP ante el Constitucional. También reclamó Sanz que se derogue el decreto de reordenación del sector público, que ha contado con el rechazo de los funcionarios y principalmente con la oposición de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tuvieron -tras el traspaso- que integrarse en la Agencia Andaluza del Agua.

La consejera de la Presidencia reprochó al PP su "oportunismo". En el mismo sentido, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, insistió en que toca "asumir una responsabilidad histórica" y no quebrar el consenso. El portavoz de IU, Diego Valderas, insistió en que el Constitucional "cercena" uno de las aspiraciones de autogobierno más importantes del Estatuto y reclamó "un acuerdo de máximos". El presidente José Antonio Griñán apeló desde Cádiz a la unión política. "Si no nos separamos, todos juntos, podemos mantener, respetando la sentencia, esa naturaleza andaluza que nadie le puede discutir al Guadalquivir".

En Madrid se reunió el Consejo Nacional del Agua, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Los regantes mostraron su rechazo a la gestión autonómica del río. No lograron arrancar un pronunciamiento firme contra la encomienda de gestión a favor de la Junta. La ministra Rosa Aguilar defendió que "quien esté pensando que el diálogo y la respuesta que hay que dar a la comunidad andaluza va a ir en contra del Constitucional es muy malpensado".

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