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El PP pide ceses por el motín de presos

Los cuatro internos de la cárcel de Picassent que durante doce horas retuvieron a tres funcionarios depusieron su actitud tras recibir garantías de la juez de que serían trasladados a otras cárceles. El PP, mientras, pidió la dimisión de la directora de Instituciones Penitenciarias. Foto: EFE.

el 14 sep 2009 / 20:49 h.

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Los cuatro internos de la cárcel de Picassent que durante doce horas retuvieron a tres funcionarios depusieron su actitud tras recibir garantías de la juez de que serían trasladados a otras cárceles. El PP, mientras, pidió la dimisión de la directora de Instituciones Penitenciarias.

La portavoz de Interior del PP, Alicia Sánchez Camacho, calificó de "evidente fracaso" y "fiasco" la gestión de Mercedes Gallizo que ha generado un "hacinamiento insostenible" en las cárceles. Según sus datos, la cárcel de Picassent acoge a 2.550 reclusos cuando está diseñada para mantener a 1.300 presos.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió en defensa de Gallizo instando al PP a que la felicitara porque, según sus palabras, "ella fue la que llevó personalmente la discusión y la negociación".

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguraron que fue la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent la que intervino de forma decisiva y "directa en la negociación".

Según las mismas fuentes, los responsables del centro reclamaron la presencia de la jueza sobre las 02.30 horas de la madrugada, ya que los presos amotinados habían exigido, tras liberar a dos de los funcionarios retenidos, la intervención de un juez en la negociación que estaba llevando a cabo un equipo desplazado desde Madrid. Ante la insistencia de uno de los presos en mantener la revuelta, alrededor de las 05.30 horas un negociador requirió la intervención directa de la juez que, tras ser informada e instruida sobre las medidas de seguridad adoptadas para garantizar su integridad física, aceptó mantener una conversación con los internos amotinados.

Acompañada en todo momento por tres negociadores, la jueza se acercó a los reclusos, que aún mantenían retenido a un funcionario, y tras identificarse les leyó un documento en el que certificaba que si aceptaban deponer su actitud y liberar al rehén los cuatro serían inmediatamente trasladados a otras cárceles, además de garantizar su integridad física. Horas más tarde, Instituciones Penitenciarias ordenaba el traslado urgente de los cuatro reclusos a tres cárceles que no fueron dadas a conocer.

Por otra parte, varios portavoces sindicales de ACAIP, UGT y CSI-CSIF, denunciaron en una rueda de prensa a las puertas de la cárcel la "mala gestión" que, en su opinión, ha desempeñado la dirección de la prisión durante el motín, ya que "quiso dar la sensación de que todo estaba controlado cuando no era así".

Asimismo, los portavoces sindicales relacionaron este incidente con la masificación de la prisión, "que prácticamente duplica su capacidad", por lo que a los internos "se les mete donde hay sitio, de modo que no se respeta un principio básico como es la clasificación y separación interior".

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