El PP reclamó desde varios frentes al actual vicepresidente tercero del Gobierno que asuma responsabilidades y presente su cese. Además el principal partido de la oposición dejó muy claro que buscarán el eco nacional de esta polémica, que trasladarán al Congreso.
El TSJA, como pidió el PP, ha anulado una decisión del Gobierno andaluz de archivar cualquier tipo de investigación o expediente por el caso Matsa. La denuncia versa sobre una ayuda de 10 millones de euros concedida por el Consejo de Gobierno a esta multinacional minera en la que trabajaba como asesora jurídica la hija del expresidente de la Junta, Paula Chaves.
El PP planteó primero el caso por la vía penal, pero el Tribunal Supremo desestimó la querella y negó indicios de tráficos de influencias o prevaricación. Los populares abrieron entonces la vía administrativa y denunciaron una vulneración de la ley de incompatibilidades, al haber firmado Chaves un expediente que afectaba directamente a un miembro de su familia. En ese punto, el TSJA pide a la Junta que abra un expediente sobre esta ayuda y esclarezca si Chaves conocía o no en el momento de la concesión la relación laboral de su hija con la empresa. La sentencia del TSJA cuenta con un voto discrepante. La Junta ha dicho que recurrirá.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer que Chaves debe asumir responsabilidades por su conducta y también por "haber mentido reiteradamente a la opinión pública". En una entrevista concedida a la Cope y recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría aseguró que "con esta sentencia han quedado en entredicho tanto el señor Chaves, como el señor Griñán". Su partido, avanzó, reclamará en el primer pleno al vicepresidente "explicaciones y responsabilidades por su conducta". La líder popular también censuró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "haya tratado de tapar lo que es intapable".
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió ayer que la Junta "tiene la obligación de expedientar y sancionar" al vicepresidente tercero "como un ciudadano más" y también recordó que el actual presidente, José Antonio Griñán, quiso "dar carpetazo" al asunto.
El diputado Ricardo Tarno instó a la Junta a que incoe un expediente y aseveró que "debería tomar esta decisión y evitar poner en el compromiso de tener que inhabilitar a Chaves el presidente Rodríguez Zapatero", a pesar de que "en cualquier país democrático un presidente en este caso abandonaría voluntariamente su cargo".