El PP elevará al Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de Ley que solicita que la Cámara de Cuentas de Andalucía audite la situación de los 70 convenios urbanísticos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla aprobado en 2006 y el destino seguido por los ingresos percibidos por el Ayuntamiento para los sistemas generales asociados a sus desarrollos urbanísticos, pues a juicio del portavoz municipal del PP y diputado autonómico, Juan Ignacio Zoido, tales ingresos han sido "desviados y derrochados en proyectos megalómanos".
Zoido, en rueda de prensa, recordó que los populares han reclamado "tres veces" en los últimos tiempos una auditoría sobre la Gerencia de Urbanismo para "saber dónde estaba el dinero" de estos convenios urbanísticos.
Por su parte, el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Manuel Sillero, consideró ayer que el propio alcalde ha reconocido la "ilegalidad manifiesta" cometida por Urbanismo al destinar para sus proyectos propios los ingresos derivados de 55 convenios, pues según precisó, el regidor ha admitido públicamente que tales ingresos fueron empleados en "la ciudad construida" y no en los sistemas generales implicados en los desarrollos urbanísticos de cada uno de los convenios.
La Gerencia ha admitido haber percibido ingresos por valor de 172.115.560 euros una vez retirados los avales a cuenta de 55 de los 70 convenios urbanísticos asociados al PGOU; anticipos entregados por los suscriptores de estos convenios para la creación de los sistemas generales y viales implicados en estos desarrollos urbanísticos en cuestión. No obstante, mediante este montante el Ayuntamiento sufragó la red de carriles bici, el II Plan de Barrios, la rehabilitación de la Plaza de España y de la Alameda, puesto que los considera proyectos del sistema general de espacios libres o equipamientos.
