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El PP pide en su querella que las ayudas defraudadas se devuelvan

Incluye en su denuncia al actual director de Trabajo y a los responsables de las aseguradoras de los ERE Vitalia y Uniter.

el 21 mar 2011 / 22:08 h.

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El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, durante un acto en Huelva.
El PP formalizó ayer ante los juzgados sevillanos, en calidad de acusación popular, su querella por la presunta trama de los ERE subvencionados en los que la Junta ha detectado a 59 falsos prejubilados y 87 irregularidades administrativas. La denuncia se dirige contra 26 personas entre responsables políticos, mediadores e intrusos beneficiados y considera "nulos de pleno derecho" los actos por los que eran tramitadas estas ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Por ello exige que quienes resulten condenados devuelvan el dinero defraudado.

 

El PP denuncia posibles delitos de "malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles".

La querella se dirige contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdelegado provincial Antonio Rivas -ya imputados-, y cuatro directores generales de Empleo desde Javier Guerrero -también imputado- hasta el actual, Daniel Alberto. También denuncia a los responsables de las aseguradoras Vitalia y Uniter; al mediador Juan Lanzas; y a 15 falsos prejubilados, entre ellos el exalcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo; el exdelegado de Trabajo Juan Antonio Rodríguez Cordobés; tres militantes -ya expulsados- del PSOE de Camas ; la esposa de Lanzas; la suegra de Guerrero, o la primera intrusa del ERE de Mercasevilla, Carmen Fontela. Pide que declaren como testigos el exinterventor de Hacienda Manuel Gómez -que firmó tres informes contrarios al procedimiento seguido-, el exinterventor de las empresas públicas Ignacio García y el expresidente de Idea y exconsejero Francisco Vallejo.

El PP alega que hubo desfases presupuestarios y que las ayudas se saltaron los controles y los criterios de publicidad, objetividad y concurrencia al albur de un convenio entre Empleo y el IFA (hoy IDEA) que solo estuvo vigente entre 2001 y 2003 ya que no se prorroga automáticamente. Los populares rechazan que la responsabilidad se limite a la dirección general porque no existió delegación de competencias, y las ayudas se concedieron con el visto bueno de los consejeros. De hecho, no descartan ampliar la querella. El secretario general, Antonio Sanz, aludió ayer mismo a un nuevo fraude en las ayudas para I+D a pymes que a su juicio hace "más culpables" a Griñán y Chaves. Griñán defendió que la Junta lleva la delantera en la denuncia e instó a otros partidos y comunidades a hacer "algo parecido". "En la historia de anormalidades económicas en el mal uso de fondos públicos de España, ningún gobierno ha actuado como el mío", dijo tras su reunión con Zapatero, con quien aseguró no haber hablado del tema.

La querella del PP, que alude al reparto de ayudas a ayuntamientos o asociaciones vinculadas a socialistas, no es la única. La juez admitió ayer parcialmente la presentada por el sindicato Manos Limpias. CCOO no se personará, como sí ha hecho UGT.

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