Si en la antigua comisaría de la Gavidia se permite otro centro comercial; si se autoriza cambiar el uso para el suelo industrial de la fábrica de Altadis; si abre la tienda de Ikea en las proximidades del aeropuerto; si sale adelante el dragado del río Guadalquivir; si se consigue la zona franca en el puerto; si existe aprovechamiento de las Atarazanas; si se cierra el anillo de Cercanías; si se completa la red de Metro; si se finaliza la SE-35; si se incide en el parque tecnológico Cartuja y, además, se emprende el nuevo puente que alivie la circulación cuando entre en funcionamiento el complejo de la torre Pelli y se explotan los terrenos libres entre el pabellón de la Navegación y el puente del Cachorro; si hay parto de la Ciudad de la Justicia; si existe una solución definitiva a la estación de autobuses del Prado; y, por último, si se adecuan y rehabilitan los polígonos industriales.
Este rosario de condicionantes conforman la propuesta del Grupo Municipal del PP para el Pacto por la Ciudad de Sevilla, remitida a los restantes partidos presentes en el Ayuntamiento, a saber, PSOE e Izquierda Unida. Si semejante retahíla -que en su inmensa mayoría depende del consenso con la Junta de Andalucía- se satisface, los populares hablan de la generación, a equis años vista -la equis no la despejan- de nada más y nada menos que "46.000 puestos de trabajo, reduciéndose la tasa de paro de la capital a la mitad". Es decir, que, tras ejecutarse todos esos proyectos, los desempleados sevillanos bajarían a 44.000 -89.430 era el número de personas registradas como desocupadas en enero pasado-.
El documento del PP, partido gobernante en Plaza Nueva, considera que el pacto planteado a PSOE e IU "es riguroso, posible y serio; ofrecemos medidas concretas para la creación de empleo y nos comprometemos a inversiones ciertas". La financiación que aportaría el Consistorio hispalense: 70 millones de euros "en los próximos años".
"Es el turno de las administraciones implicadas". Pues sí. Muchas de las medidas dependen del acuerdo entre los ejecutivos regional y local. Y, de hecho, son causas recurrentes en la confrontación política entre Plaza Nueva y el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, sobre todo cuando hablan de urbanismo.
Así ocurre con el edificio de la Gavidia, cuya venta, dice el PP, podría reportar a las arcas del Ayuntamiento entre 11 y 12 millones de euros, pero la Junta de Andalucía se niega a autorizar una modificación del PGOU para que allí se instale una gran superficie comercial. En el caso de Altadis, igual, pues dependería de la Administración autonómica eliminar el blindaje que pesa sobre el suelo industrial para permitir otros usos. En cuanto a la red de Metro, los populares dicen ser conscientes de las restricciones presupuestarias debidas a la crisis económica, pero también subyace una discusión sobre si subterráneo o en superficie. La Ciudad de la Justicia duerme el sueño de los justos, ni siquiera tiene ubicación. Y, por último, tampoco existe acuerdo en cerrar la estación del Prado a los autobuses regulares metropolitanos y dedicarla exclusivamente a los turísticos.
"Conscientes de que no es tiempo de grandes desembolsos para la obra pública, el PP propone que los proyectos no se acometan en su conjunto". Pero, apostilla, tampoco han de seguir paralizados, en especial los del Metro y Cercanías, que deberían ejecutarse "en la medida en que -agrega- lo permita la capacidad presupuestaria". "Hay que exigir del resto de administraciones una muestra de compromiso con Sevilla, aunque este compromiso sea de mínimos, que no permita que proyectos fundamentales para la ciudad continúen en el abandono y caigan en el olvido".
Precisamente el condicionar un plan de empleo a cuestiones urbanísticas ha sido criticado en varias ocasiones por la oposición política, que ha reclamado medidas inmediatas, de choque, contra el paro, y no proyectos a largo plazo, como lo son todos los aportados.
Y viviendas públicas gestionadas
La propuesta que realiza el PP a la oposición de izquierdas incluye también la puesta en común "del parque público de viviendas vacías de todas las administraciones" para atender a las personas desahuciadas de sus casas, a la vez que sentencia "la firme decisión de este gobierno y así se va a mantener de que no se ejecuten desahucios en viviendas de propiedad municipal". En el caso de los pisos privados, el Ayuntamiento se ofrece como intermediario para buscar alternativas a los inquilinos.
El PP advierte, asimismo, que el Consistorio "no puede seguir asumiendo tareas que son competencia de la Junta de Andalucía en el arreglo y mantenimiento de colegios".
El Pacto por la Ciudad de Sevilla hace hincapié en la necesidad de que las administraciones se pongan de acuerdo para "impulsar una serie de proyectos (sociales) que llevan años bloqueados". Así, cita los planes integrales del Polígono Sur, de Tres Barrios-Amate, la Ley de Dependencia -"la Administración municipal no puede seguir sufragando competencias delegadas de otras administraciones"- y los programas de trabajo con sectores en riesgo de exclusión social, entre los que se incluyen las iniciativas para paliar los desahucios.
"A modo de conclusión, este Paco por la Ciudad de Sevilla supone un reto de las distintas administraciones y fuerzas políticas que, dejando a un lado las diferencias, debemos colaborar y remar todos en la misma dirección. Urge alcanzar el consenso".
El documento ya se encuentra en manos de PSOE e IU. En el día de ayer, el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, ya aseguró que debe incluir un plan de empleo urgente para dar soluciones a los sevillanos que no cuentan con ninguna prestación actualmente.
Si no se incluye, advirtió, IU "no continuará en debates placebos que den imagen de que se está discutiendo algo tan importante como es el empleo, pero que realmente no incluya medidas que resuelvan la situación".
