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El PP plantea ahora desligar el Padrón de la sanidad y la educación

Rajoy resucita su contrato de inmigración y pide «orden».

el 22 ene 2010 / 15:54 h.

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barcelona. Rajoy, con Sánchez Camacho y Fernández Díaz en La Pedrera.

Después de que la Abogacía del Estado haya dejado claro que lo estrictamente legal es empadronar a todos los inmigrantes, con o sin papeles, para garantizar que se les provee de las necesidades básicas, el PP ha tenido que dar una vuelta a su discurso sobre la polémica de Vic.

Ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, planteó que no haga falta empadronarse para acceder a los servicios básicos, sino que la sanidad y la educación se presten a cualquier ser humano.

Sin embargo, Rajoy volvió a sus teorías sobre el "orden y el control" e instó a expulsar a los inmigrantes irregulares que cometan un "delito doloso" castigado con más de seis meses de prisión. En su discurso de clausura de la V escuela de invierno del PP catalán, el presidente de los populares -cuyo partido trabaja en una reforma de la legislación actual- adelantó que llevará ambas propuestas a las Cortes. Precisamente en el Congreso, los grupos se le echaron encima al PP el jueves por querer "sacar provecho" del caso Vic y usarlo como azote del Gobierno.

Rajoy, que en febrero de 2008 ya anunció también en Barcelona su "contrato de integración" para los inmigrantes, reivindicó ayer este documento, que exigiría al recién llegado que respetase las costumbres y tradiciones españolas y que aprendiese la lengua, entre otras cuestiones.

El dirigente del PP, que tiene previsto implicarse a fondo en las elecciones catalanas, previstas para otoño, también avanzó que su partido pedirá que "no se pueda conceder autorización para residir y trabajar" a los inmigrantes a los que "se les haya dictado orden de expulsión".

Asimismo, el PP solicitará cambiar la Ley de Extranjería para "prohibir las regularizaciones masivas", porque es "disparatado" que un inmigrante piense que si viene a España sin papeles, tarde o temprano le regularizarán. "Estoy a favor de la inmigración", remarcó el líder del PP varias veces, aunque criticó las "contradicciones" de la normativa actual. El líder popular se refirió además al caso de Torrejón de Ardoz -ayuntamiento del PP que también restringe el padrón- y se limitó a decir que la ley debe ser cumplida en todas partes.

Mientras tanto, ayer seguían arreciando las reacciones a la polémica. La candidata del PPC a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, culpó a los socialistas y a CiU de las carencias de la normativa actual, y proclamó que ni en Cataluña ni en España "cabemos todos".

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, tildó de "cínicos" al presidente de CiU, Artur Mas, y al propio Rajoy, por agitar el debate sobre inmigración. En estas circunstancias, incluso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, salió al paso para defender las legislaciones que facilitan a todos los ciudadanos el acceso a los derechos y las libertades básicas y subrayó que, a su juicio, esto es lo que hace el padrón municipal.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, simplemente consideró "oportunista y malintencionado" el debate sobre el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros. "La inmensa mayoría de los extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos", añadió.


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