El PP planteó en 2010 una tasa en la verja y fue bloqueada por un juzgado

Bruselas enviará una misión de expertos en septiembre para examinar los controles de frontera españoles.

el 08 ago 2013 / 13:08 h.

A Spanish civil guard conducts a check on a car while other drivers wait in line to enter to the British territory of Gibraltar at its border with Spain, in La Linea de la ConcepcionLa tasa de 50 euros que baraja aplicar el actual Gobierno de la  Nación para entrar y salir de Gibraltar no supone una novedad puesto  que en 2010, el entonces alcalde del Partido Popular en La Línea de  la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez, ya planteó dicha  posibilidad e incluso llegaron a iniciarse las obras para reordenar  el tráfico de acceso a la aduana y aplicar una "tasa de  descongestión" para el tráfico rodado que no superaba los cinco  euros. Según la información recopilada por Europa Press, en noviembre de  ese año se vivió una situación similar a la actual en la comarca del  Campo de Gibraltar, cuando Sánchez inició los trámites para cobrar  esta tasa e incluso llegó a colocarse un bordillo en las  inmediaciones de la frontera que ocasionó más de un episodio de  tensión en la verja. Finalmente no fue posible su puesta en marcha  tras ser suspendida por un juzgado de Algeciras (Cádiz) a raíz de un  recurso de la Abogacía del Estado promovido por el Gobierno de José  Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa del alcalde linense, que encontró la oposición  frontal del PSOE desde el primer momento, fue avalada incluso por el  entonces vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP  y presidente del PP-A, Javier Arenas, que consideraba que el regidor  gaditano había tomado esta decisión en defensa de los intereses del  municipio. Además, Arenas pedía al entonces presidente del Gobierno, José  Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Exteriores y Cooperación,  Miguel Angel Moratinos, que interviniese ante la situación del  tráfico en La Línea y el resto del Campo de Gibraltar; insistiendo en  sus críticas a Zapatero por haber realizado "muchas cesiones" al  Peñón y no haber dedicado "ni un minuto" al Campo de Gibraltar. De  igual modo, el dirigente 'popular' reclamaba al Gobierno central que  repusiese el Estatuto Económico Especial de La Línea. "ADUANA INTERIOR DE ORIGEN MEDIEVAL" Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de  Algeciras suspendía cautelarmente la instalación por parte del  Ayuntamiento linense de dos señales de tráfico que prohibían el giro  de vehículos desde el municipio hacia Gibraltar, después de que la  Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo  contra la instalación de esas dos señales de tráfico, al considerar  que la preparación del peaje suponía una "aduana interior" de "origen  medieval". Con la colocación de los discos de prohibición de giro a la  izquierda en el acceso a Gibraltar se obligaba a todos los vehículos,  incluidos los camiones con mercancías peligrosas, a acceder por un  mismo carril y una misma cola. Por otra parte, el Gobierno español ha aceptado la petición de la Comisión Europea  de organizar una misión conjunta para examinar sobre el terreno los  controles fronterizos en el paso a Gibraltar, y aclarar la polémica  por los retrasos "supuestamente excesivos" denunciados por el  Gobierno del Peñón, han informado a Europa Press fuentes  comunitarias. Esta misión tendrá lugar en septiembre, aunque la fecha  concreta está por cerrar. "La misión está siendo organizado conjuntamente con los españoles,  por lo que las dos partes trabajan juntas", han explicado las  fuentes, que no han revelado detalles sobre esta iniciativa surgida  del Ejecutivo comunitario. Las partes deben decidir aún el momento de  la expedición y sus condiciones. Bruselas ya mostró a principios de semana su intención de mediar  en las tensiones entre Gibraltar y España, con una reunión, también  de carácter "técnico", con autoridades españolas entre los meses de  septiembre y octubre. El Ejecutivo comunitario explicó entonces que actuaba por las  quejas de ciudadanos y de varios eurodiputados cursadas en la pasada  primavera, aunque días después llegó a los despachos de la UE una  protesta formal del Gobierno gibraltareño.

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