La tasa de 50 euros que baraja aplicar el actual Gobierno de la Nación para entrar y salir de Gibraltar no supone una novedad puesto que en 2010, el entonces alcalde del Partido Popular en La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez, ya planteó dicha posibilidad e incluso llegaron a iniciarse las obras para reordenar el tráfico de acceso a la aduana y aplicar una "tasa de descongestión" para el tráfico rodado que no superaba los cinco euros. Según la información recopilada por Europa Press, en noviembre de ese año se vivió una situación similar a la actual en la comarca del Campo de Gibraltar, cuando Sánchez inició los trámites para cobrar esta tasa e incluso llegó a colocarse un bordillo en las inmediaciones de la frontera que ocasionó más de un episodio de tensión en la verja. Finalmente no fue posible su puesta en marcha tras ser suspendida por un juzgado de Algeciras (Cádiz) a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa del alcalde linense, que encontró la oposición frontal del PSOE desde el primer momento, fue avalada incluso por el entonces vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del PP-A, Javier Arenas, que consideraba que el regidor gaditano había tomado esta decisión en defensa de los intereses del municipio. Además, Arenas pedía al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, que interviniese ante la situación del tráfico en La Línea y el resto del Campo de Gibraltar; insistiendo en sus críticas a Zapatero por haber realizado "muchas cesiones" al Peñón y no haber dedicado "ni un minuto" al Campo de Gibraltar. De igual modo, el dirigente 'popular' reclamaba al Gobierno central que repusiese el Estatuto Económico Especial de La Línea. "ADUANA INTERIOR DE ORIGEN MEDIEVAL" Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de Algeciras suspendía cautelarmente la instalación por parte del Ayuntamiento linense de dos señales de tráfico que prohibían el giro de vehículos desde el municipio hacia Gibraltar, después de que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo contra la instalación de esas dos señales de tráfico, al considerar que la preparación del peaje suponía una "aduana interior" de "origen medieval". Con la colocación de los discos de prohibición de giro a la izquierda en el acceso a Gibraltar se obligaba a todos los vehículos, incluidos los camiones con mercancías peligrosas, a acceder por un mismo carril y una misma cola. Por otra parte, el Gobierno español ha aceptado la petición de la Comisión Europea de organizar una misión conjunta para examinar sobre el terreno los controles fronterizos en el paso a Gibraltar, y aclarar la polémica por los retrasos "supuestamente excesivos" denunciados por el Gobierno del Peñón, han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Esta misión tendrá lugar en septiembre, aunque la fecha concreta está por cerrar. "La misión está siendo organizado conjuntamente con los españoles, por lo que las dos partes trabajan juntas", han explicado las fuentes, que no han revelado detalles sobre esta iniciativa surgida del Ejecutivo comunitario. Las partes deben decidir aún el momento de la expedición y sus condiciones. Bruselas ya mostró a principios de semana su intención de mediar en las tensiones entre Gibraltar y España, con una reunión, también de carácter "técnico", con autoridades españolas entre los meses de septiembre y octubre. El Ejecutivo comunitario explicó entonces que actuaba por las quejas de ciudadanos y de varios eurodiputados cursadas en la pasada primavera, aunque días después llegó a los despachos de la UE una protesta formal del Gobierno gibraltareño.