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El PP reclama imputar por encubrimiento al alcalde en Mercasevilla

Los populares recurren el último auto del caso y piden implicar a cargos de la Junta

el 20 dic 2009 / 21:30 h.

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El PP ha recurrido el auto del juzgado de Instrucción número 6 que resuelve la incoación de juicio mediante el procedimiento del tribunal con jurado en la causa abierta por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. El PP reclama que el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), sea imputado de un posible delito de encubrimiento y que también sean imputados el ex director de Formación para el Empleo de la Junta, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora en el puesto, María José Lara.


Según el recurso elevado al juzgado y recogido por Europa Press, los acuerdos de dicho auto, en el que la juez Mercedes Alaya cree "verosímil" imputar por un presunto delito de cohecho a Mellet, Ponce, al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, son "prematuros" porque las diligencias practicadas "acreditan la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito" y de los que han participado personas que no figuran en dicho auto.


Mientras los imputados, la acusación particular y las acusaciones populares están convocados a una vista fijada para el 23 de diciembre a partir de las 10.30 horas, el PP alega que "no procede" la incoación del procedimiento del juicio hasta la práctica de diligencias como la elaboración de un informe sobre el patrimonio de "los imputados y su entorno familiar más directo", porque tales diligencias fueron propuestas por la juez y no obran en las actuaciones.


El recurso recuerda que el juzgado había reclamado el expediente íntegro de la Dirección General de Formación para el Empleo sobre la adjudicación de una subvención de 900.000 euros a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería, precisamente la escuela cuya explotación fue supuestamente ofertada por Mellet y Ponce a dos empresarios del grupo hostelero La Raza previo pago de comisiones ilegales.


El PP entiende que "no se ha investigado" la participación de los miembros del patronato de la fundación, entre los que figuran el ex concejal socialista Gonzalo Crespo como presidente y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), como vicepresidente segundo. Mellet y Regla Pereira, rememora el PP, destacaron en sus declaraciones el papel de este órgano en la adjudicación de la gestión de la escuela de hostelería.


El recurso del PP reclama que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), sea imputado por un supuesto delito de encubrimiento. Para ello, esgrime la comparecencia judicial de Juan Gallo, quien defiende que, como director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, recibió en enero de 2009 la grabación que contenía el intento de cobro de comisiones ilegales y en la primera semana de febrero le dio traslado de este material al alcalde, que en un escrito dirigido a la Policía Judicial aseguraba que no fue hasta el 12 de febrero cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación.


Para el PP, Sánchez Monteseirín "no sólo no puso los hechos en conocimiento de los juzgados" pese a su condición de alcalde y presidente del consejo de administración de Mercasevilla, sino que "abusando" de sus poderes, "intentó ocultarlos el mayor tiempo posible y, de común acuerdo con Mellet y Ponce, los mantuvo en sus puestos" para "facilitar" la destrucción de pruebas y "colaborar con ellos para eludir responsabilidades penales".


Los populares piden también que las imputaciones sean ampliadas de manera que el entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora, María José Lara González, sean imputados por cohecho.
Junto a esto, en el recurso se pide que Mellet, Rivas, Fuentes Doblado y Lara González sean imputados de delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, mientras Rivas y los mencionados directores generales habrían de ser imputados por delitos de prevaricación.

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