El Gobierno ha acudido a los tribunales para frenar el desafío a la Ley de Educación de cuatro comunidades gobernadas por el PP. Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León han recortado los contenidos de Educación para la Ciudadanía en sus desarrollos de la materia. El Ministerio de Educación los ha recurrido.
Las leyes y los reales decretos afectan a todo el territorio, pero un porcentaje está transferido a las comunidades, que son las que tienen que desarrollarlos. El contenido de Educación para la Ciudadanía (EpC) está definido en el Real Decreto de enseñanzas mínimas de Primaria y Secundaria y, sobre ese documento, las 17 comunidades pueden sumar, pero nunca restar. Andalucía, por ejemplo, añadió unas líneas sacadas del nuevo Estatuto, que después fueron las que recurrieron los padres que se oponían a la materia y las que el TSJA ordenó anular en su sentencia.
El polo opuesto lo ocupan cuatro comunidades del PP. En el desarrollo del Real Decreto, Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León han recortado sustancialmente los principios que definen EpC, blindados por ley, y han llegado a eliminar parte del contenido. Madrid, por ejemplo, ha borrado siete de los 12 bloques temáticos de EpC, entre ellos las diferencias de género, las discriminaciones sexuales o las relaciones interpersonales, según informó ayer la Cadena SER. O sea, más o menos lo mismo que ha hecho el TSJA al extirpar del temario las referencias a la diversidad sexual, pero sin pasar por los juzgados y multiplicado por siete.
La comunidad que dirige Esperanza Aguirre lidera el boicot contra la materia y ha preferido anteponer los argumentos del tribunal andaluz que permite la objeción contra EpC a los criterios de la propia Ley de Educación.
Recursos. El Ministerio de Educación ya sabía, desde la legislatura pasada, que estas comunidades habían alterado el contenido básico de EpC, algo que según el Gobierno escapaba a las competencias autonómicas. Por eso rechazó estos desarrollos de la ley e instó a los Gobiernos regionales a que respetaran los contenidos mínimos aprobados por el Parlamento. Tenían dos meses para volver a presentar un nuevo desarrollo de la asignatura, pero no lo hicieron. El ministerio ha recurrido ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo las cuatro órdenes autonómicas.
Ciudadanía es una materia obligatoria y evaluable de 3o de ESO que se imparte en siete comunidades este curso. El próximo año se extenderá a todo el país y se impartirá en Primaria. Entretanto, cientos de padres, escudados por la Conferencia Episcopal y el PP, se han acogido a los tribunales para evitar la materia. Los jueces andaluces son de los pocos que han aceptado la objeción y los únicos que consideran "ilegal" la materia. El Tribunal Supremo debe resolver ese conflicto.
