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El PP recurrirá el decreto de la Junta que pone coto al ladrillo en el litoral

Acudirá, a través de las Diputaciones, al Constitucional para parar la norma

el 21 ene 2013 / 20:12 h.

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El litoral andaluz es de los más construidos de España.

El PP-A llevará ante el Tribunal Constitucional, a través de las Diputaciones provinciales, el decreto de la Junta que busca poner coto al "urbanismo durmiente" en el litoral. Así lo anunció ayer en rueda de prensa la vicesecretaria de Territorio del PP-A, Alicia Martínez, quien explicó que, dado que la Ley de Autonomía Local considera a las provincias como una entidad local cuya función es garantizar el ejercicio de las competencias de los municipios que las componen, la fórmula de recurrir a las Diputaciones es una vía "legitimada" para interponer este recurso.


Los populares gobiernan casi en todos los municipios de la costa y se oponen frontalmente a esta norma porque, a su juicio, supondrá la paralización de la construcción y, por tanto, de la economía andaluza. Martínez concretó que "al menos" las Diputaciones de Almería, Cádiz, Granada y Málaga -en manos de los populares- apoyarán este acuerdo del PP-A y promoverán este recurso ante el Constitucional. Además, de aquí al 28 de febrero que tienen de plazo para hacerlo, solicitarán al Consejo Consultivo un dictamen sobre esta norma.


La dirigente popular argumentó este recurso en base a tres cuestiones que el PP-A considera "fundamentales". Por un lado, que este decreto del litoral "quita competencias a los Ayuntamientos" y "suspende su capacidad" para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. En segundo lugar, porque el PP-A considera que el artículo 3 de este decreto "obliga" a los municipios a "cumplir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un periodo máximo de ocho" años y que esto va a "significa que planes que estaban adaptados a la Ley hasta 2004 se van a ver igualmente paralizados". Y en tercer lugar, que ha sido "arbitrario e injustificado" que se haya tramitado como decreto-ley.


Los populares ven detrás de este decreto andaluz del litoral una nueva "estrategia de confrontación" de la Junta de Andalucía con respecto al Gobierno central, que precisamente está tramitando una Ley de Costas para el conjunto del país. La Ley de Costas del PP busca lo contrario que el decreto de la Junta, esto es, legalizar las construcciones en primera línea de playa. "Lejos de dinamizar la economía en una de las industrias y actividades económicas más importantes de la comunidad, lo que hace la Junta con este decreto es crear una situación de inseguridad jurídica que perjudica al turismo y ahuyenta las inversiones", criticó Martínez.


El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente -que ostenta las competencias urbanísticas- explicó en el Parlamento que "proteger y preservar no significa paralizar el crecimiento" y detalló que el litoral andaluz cuenta con cuenta con 30 millones de metros cuadrados en los que se podrán levantar hasta 40.000 viviendas, la mitad de ellas en la provincia de Málaga. El objetivo de la Junta es "no volver a repetir los errores del pasado" y evitar que municipios costeros que aún tienen planes generales inspirados en el exceso de ladrillo puedan materializar estas construcciones en primera línea.

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