El presidente del PP-A, Javier Arenas, presumió ayer de tener en la cabeza la reforma de la administración. Tan pensado tiene el plan de austeridad para adelgazar el sector público andaluz que ayer desveló que, en caso de llegar al Gobierno, abordará la reforma antes de un mes. La reducción de la administración periférica, esto es, la eliminación de delegaciones provinciales de la Junta se acometerá a los 15 días desde su toma de posesión. Y antes, en la primera semana, pretende recortar el número de altos cargos de la Junta.
Después de eso vendrá la llamada segunda descentralización, que consistirá en delegar competencias autonómicas a los ayuntamientos y las delegaciones, para evitar duplicidades de servicios públicos e intentar que haya "una competencia por cada administración". Al ser preguntado sobre qué competencias pasarían a manos de los alcaldes, Arenas se refirió a las políticas sociales, de educación, empleo, sanidad, medioambiente y vivienda. "Los ayuntamientos gastan ahora más en políticas sociales que la Junta, aunque las competencias son de la Junta", dijo.
El líder popular asistió ayer a un foro del partido centrado en la administración pública, al que acudieron, según explicó el partido en un comunicado, los sindicatos de funcionarios CSIF y Safja, los más críticos con la reordenación del sector público aprobada por la Junta y el gabinete de abogados de Mariano Aguayo, que impulsa la lluvia de recursos judiciales contra la reforma. Arenas prefirió no adelantar ayer si entre sus medidas de austeridad está el aumentar dos horas la jornada laboral de los funcionarios de la Junta, como han hecho otras comunidades del PP y el Gobierno central.
Arenas comprometió ayer la reducción de la administración periférica poniendo un plazo extremadamente prematuro, igual que en 2009 lo hizo José Antonio Griñán nada más ser investido presidente (aunque al final no llegó a cumplir su promesa). Por ahora el líder popular ha revelado el cuándo, pero no el cómo. Ha dicho que sobra personal de confianza y altos cargos en la Junta, pero nunca funcionarios. Calcula que la administración andaluza tiene un coste de 5.000 millones de euros, pero aún no ha cifrado el ahorro total que supondrá su plan de austeridad. Arenas promete auditorías en empresas públicas y un plan de recorte de gasto corriente que no toque educación ni sanidad, las políticas que precisamente más gasto corriente tienen.
El presidente del PP-A aboga por "centralizar servicios" como hacen las empresas privadas y agilizar los trámites burocráticos. En esa idea de evitar duplicidades de servicios, Arenas no baraja devolver competencias al Gobierno central.
