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El PP resucita la polémica de los ‘pinchazos’ telefónicos

Vuelve a proponer en el Congreso que se prohíban escuchas como las del ‘Gürtel'.

el 05 jun 2010 / 19:43 h.

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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, junto a Conde Pumpido, ayer en Málaga.

El PP llevará esta semana al Congreso su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prohibir que se graben las conversaciones telefónicas entre abogado y cliente, como ha ocurrido en el caso Gürtel, salvo que haya indicios de delito. Los populares aseguran que la iniciativa que se votará el martes en el pleno nada tiene que ver con la investigación de la trama de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La propuesta se presentará justo en medio de la ofensiva contra los fiscales por parte del partido de Mariano Rajoy, que, además, intenta frenar la llegada del Gürtel a Valencia.

La polémica sobre las escuchas y su custodia arrancó el pasado verano a raíz de que las acusaciones formuladas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y se agravó el pasado noviembre hasta el punto de provocar una airada discusión en los pasillos del Congreso entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y dos diputados del PP, Esteban González Pons y Carlos Floriano, que le acusaron incluso de amenazas. Entonces, la Cámara Baja rechazó otra propuesta del PP que buscaba regular el Sistema Integral de Interceptación Legal de las Comunicaciones (Sitel) que usa la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia para grabar a sospechosos.con "límites".

Los populares quieren ahora "fijar los límites" de la capacidad del Estado para intervenir en la intimidad de los ciudadanos gracias a una mayor autoridad del juez. En el texto de la nueva iniciativa se afirma que el juez podrá ordenar la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas y electrónicas cuando haya constancia de la existencia de hechos que puedan constituir delitos graves y existan datos objetivos de que las grabaciones son relevantes en la investigación. Según lo que propone el PP, el juez no podrá decretar "la interceptación de las comunicaciones de un abogado con su cliente, ni de un periodista con su fuente de información salvo cuando existan datos objetivos de participación directa del abogado o periodista en los hechos investigados".

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