El apoyo de los populares a la iniciativa del PSOE para pedir al Gobierno central la delegación de las competencias sobre el Guadalquivir, que se debatirá el martes en el Parlamento andaluz, está hoy más cerca que ayer.
En la reunión celebrada entre todos las fuerzas políticas de la comunidad, incluido el PA pese a estar fuera del Parlamento, hubo consenso en mantener la máxima reivindicación sobre el río como preveía el espíritu del Estatuto andaluz, consensuado también por todos, y tras el varapalo del Constitucional al anular el artículo que recoge las competencias exclusivas de la cuenca. Eso sí, IU y PP achacan al PSOE que inicie esta reivindicación con la legislatura del Gobierno a punto de acabar.
Por ello, IU propuso -y el PP le apoyó- que una vez salga del Parlamento andaluz, la iniciativa legislativa sea enviada directamente al Gobierno y no a las Cortes para su tramitación como decreto ley, aunque luego se desarrolle como Ley Orgánica, algo que también permite la Constitución. Los socialistas defienden que la iniciativa no llegará a unas "Cortes vacías" como dice el PP sino precisamente al nuevo Congreso y Senado constituido tras las elecciones del 20-N. Sí aceptaron, como pidió el PP, que el Consejo Consultivo, haga un informe previo.
La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, presumió de tener el compromiso de que su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, apoyará la delegación de competencias si llega a la Moncloa y pidió PP que logre lo mismo de Mariano Rajoy. Sin embargo, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afeó a los socialistas que su candidato "no se mojó" ayer sobre este tema cuando estuvo en Sevilla. Y el coordinador de IU, Diego Valderas, no se fía de que uno y otro "donde dijo digo diga diego" y confió en que "ninguna de las dos fuerzas fallen a Andalucía".
Pero con todos estos matices, el acuerdo sobre el Guadalquivir parece fácil. Nada comparado con la iniciativa socialista sobre medidas de regeneración democrática, con la incompatibilidad de alcaldes y diputados como punto candente. El PP reclamó que se vea tras los comicios autonómicos y no "al final del partido" y acusó al PSOE de cerrarse en banda en su "cacicada de echar a los ganadores de las elecciones municipales de la Cámara" mientras "a los perdedores los colocan en las instituciones".
Los socialistas ven en el PP una "obsesión con mantener a sus alcaldes en la Cámara porque no tienen claro cuál es su prioridad". El acuerdo en este punto parece imposible. IU también tiene sus matices al respecto, aunque en este caso por considerar la propuesta socialista insuficiente al defender que el cargo de parlamentario exija "exclusividad" y sea incompatible también con el de senador. El PA, comparte la filosofía de "un cargo, una tarea y un sueldo" pero considera que se podrían hacer distinciones entre los regidores de las grandes ciudades y pueblos pequeños.
Sí hubo apoyo al escaño 110 y a la declaración de bienes de los familiares de los diputatos, que el PP quiere extender a los altos cargos de las empresas públicas.
