Lejos de un apaciguamiento de los ánimos, el líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer con sus palabras las gravísimas acusaciones que formuló la semana pasada la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal. La número dos del Partido Popular aseguró en una entrevista realizada en una terraza de Marbella que el Gobierno estaba detrás de unos supuestos pinchazos telefónicos de altos cargos del PP y esbozó una teoría conspirativa según la cual jueces, fiscales y policías colaborarían con el Ejecutivo de Zapatero en una campaña de acoso que tendría su epicentro en la investigación del caso Gürtel. Una semana después, su presidente se deja de templanzas y se instala en el disparate al refrendar las declaraciones de Cospedal y al acusar a Zapatero de ser el responsable de los "juicios paralelos" que habrían sufrido miembros de su partido. Hasta tal punto llega el despropósito que llega a solicitarle al presidente del Gobierno que dé explicaciones públicas este jueves tras la reunión del Consejo de Ministros. Es el mundo al revés. El PP exige al acusado que demuestre su inocencia en vez de coger las presuntas pruebas que tiene en su poder -eso, al menos, dijo ayer Federico Trillo- y entregarlas en el juzgado de guardia que tenga más a mano. No se pueden negar episodios desafortunados como las declaraciones de Teresa Fernández de la Vega en la que anunciaba el recurso de la Fiscalía del Estado al archivo de la causa abierta contra Camps. Ni tampoco que ha habido una excesiva exposición mediática de los dirigentes del PP detenidos por el caso Palma Arena. Pero no se pueden utilizar estos errores puntuales para alimentar la tesis delirante de que las investigaciones de policías, fiscales y jueces del caso Gürtel forman parte de una estrategia de destrucción del PP. Es ganas de difamar con el torticero propósito de convertir un sumario judicial en una especie de caza de brujas. El PP debe rectificar. Y cuanto antes lo haga, mejor para la salud democrática de este país.
