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El PP se opone al archivo del caso 'Unidad' porque los hechos "no han prescrito"

el 13 jun 2012 / 14:43 h.

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El PP ha alegado contra los recursos de apelación promovidos por  los procesados del denominado caso 'Unidad' , relativo a la presunta   duplicación de facturas de la federación de asociaciones de vecinos  'Unidad' con cargo a subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y la  Diputación, oponiéndose al archivo definitivo de la causa solicitado  por los procesados con la adhesión de la Fiscalía. El Ministerio  Público cree que los presuntos delitos han prescrito al ser superados  los plazos del artículo 132.2 del Código Penal entre la denuncia y la  imputación, pero el PP defiende, entre otros aspectos, que "si nos  atenemos a la nueva legislación, los delitos no han prescrito".  

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 14 de  Sevilla emitió un auto el 15 de febrero de 2012 en el que decretaba  el sobreseimiento de la causa para el exconcejal socialista Manuel  Gómez Lobo; la extrabajadora de 'Unidad' Susana Delgado y el que  fuera asesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño.   En el mismo auto, el juez procesaba por un posible delito de falsedad  en documento oficial a la expresidenta de 'Unidad' Angeles Nevado; su  esposo Angel María Cervera, exasesor del Grupo Socialista en  Ayuntamiento y Diputación; la que fuera trabajadora de la  organización provincial Josefa Prados; el administrador único de la  copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma  empresa María del Carmen M.N.

NUEVOS RECURSOS

Tras ello, la representación de Nevado y Cervera recurrió el auto  ante la Audiencia Provincial de Sevilla alegando la prescripción del  delito imputado y la inexistencia del mismo, tras lo cual la Fiscalía  ha emitido un escrito, consultado por Europa Press, en el que se  adhiere parcialmente a la petición de los imputados.

De su lado, los demás imputados declararon en fecha posterior, y  así su esposo Angel María Cervera fue informado de sus derechos el 17  de junio de 2009, tras lo que se recuerda que el artículo 132.2  "establece un plazo máximo de seis meses durante el cual se suspende  el cómputo de la prescripción, a contar desde la fecha de la  denuncia, para que el instructor dicte resolución judicial motivada  en la que se atribuya a los imputados su presunta participación en el  hecho objeto del procedimiento".  

LA FISCALIA PIDE EL ARCHIVO

"Es claro, a la vista de las fechas de todas las declaraciones de  imputados, que dicho plazo no se ha cumplido, dictándose auto de  procedimiento abreviado el 6 de septiembre de 2010", añade el fiscal,  que considera que, por todo ello, "debe estimarse parcialmente el  recurso de apelación por prescripción del delito y procederse al  archivo definitivo de la causa".  

Pues bien, ante tales recursos de apelación y la adhesión parcial  de la Fiscalía, el PP ha elevado al Juzgado de Instrucción número 14,  con destino a la Audiencia Provincial, una alegación fechada el 12 de  junio y recogida por Europa Press. En su alegación, el PP se opone a  la prescripción esgrimida por las restantes partes y avisa de que los  hechos "pueden ser encuadrables" en los tipos del delito de estafa "o  incluso" del delito continuado de malversación impropia. "El dinero  percibido por 'Unidad' como subvención tiene la condición de caudal  público", esgrime el PP.

EL PP VE MAS DELITOS

"De apreciarse que los hechos pueden ser constitutivos del delito  de malversación impropia continuada, la pena máxima es de hasta diez  años de prisión, por lo que el plazo prescriptivo es de diez años  desde la comisión del último de los hechos constitutivos de  infracción penal", defiende el PP en su alegación.  

El PP, de todos modos, no admite la prescripción de los hechos  respecto al delito de falsedad en documento público. "Si aplicamos lo  dispuesto en el artículo 132 del Código Penal tras la reforma  indicada, debemos también tener en cuenta que el plazo de  prescripción para los delitos examinados se ha ampliado a cinco años  en el nuevo artículo 131 y este término aún no ha transcurrido desde  la fecha del siniestro que se produjo el 12 de septiembre de 2007,  por lo que si nos atenemos a la nueva legislación, los delitos no han  prescrito".  

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