El sindicato UGT en Andalucía se personará como parte en las diligencias previas abiertas por un juez de Sevilla que investiga presuntas irregularidades en la gestión de los fondos para formación para desempleados. El Partido Popular andaluz anunció también ayer que se personará en las diligencias previas contra UGT-A. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, exigió a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que comience a tratar a este sindicato como una organización que recibe dinero público y no como al socio que viene utilizando para ganar elecciones y agitar las calles andaluzas. Así lo anunció ayer el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, tras reunirse con la presidenta de la Junta. El sindicato indicó que se han personará en defensa de UGT-A y comunicando domicilio a efectos de posibles notificaciones. Queremos tener conocimiento sobre cual es la situación en que se encuentra la apertura de diligencias previas, señaló Fernández. No obstante, no aclaró si se presenta como acusación o como parte perjudicada en el proceso. Fernández no quiso profundizar en esta decisión alegando que no era el tema del encuentro informativo y tampoco quiso hablar sobre el presunto mal uso de subvenciones de formación; y apuntó que en la reunión con Díaz este asunto se había tocado dentro de la situación general, donde se ha expresado la voluntad de clarificar cualquier cuestión y potenciar la transparencia y trasladarlo a los ciudadanos para que tengan la certeza de que cualquier recurso se destina al fin que se plantea y que no hay irregularidad. El dirigente de UGT-A sí aprovechó para recordar que el sindicato tiene abierta una comisión de investigación interna. Un juez de Sevilla ha decidido incoar diligencias previas tras recibir la denuncia de Manos Limpias que ha sido posteriormente ampliada hasta en cinco ocasiones contra el sindicato UGT por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso indebido de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública. El secretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, tampoco quiso responder tras ser preguntado por la situación de su secretario de Organización y Finanzas, Miguel Ángel Soto, imputado por presuntas irregularidades en los fondos públicos. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, mostró ayer la disposición de la patronal a reeditar los acuerdos de concertación, aunque reconoció que las presuntas irregularidades investigadas afectan a la imagen.
