El río Guadalquivir y la exigencia del PSOE andaluz de asumir más competencias sobre su cuenca está poniendo entre las cuerdas al grupo parlamentario de la oposición. El Partido Popular tiene muy poca escapatoria: si no apoya la petición expresa del Ejecutivo regional ante el Gobierno nacional de controlar el máximo posible de competencias sobre el río, la formación de Javier Arenas quedará ante su electorado como dando la espalda a un Estatuto autonómico tan batallado, pero si da su visto bueno obligará al PP nacional a avalar la ley orgánica que salga en el Congreso de los Diputados a instancias de la propuesta socialista.
Tras años de competencias exclusivas sobre el río, el toque de atención del Tribunal Constitucional al replantear en qué manos debe estar su gestión ha llevado al Gobierno autonómico a ampararse en la Constitución para exigir que se amplíen sus potestades. El PSOE busca la unanimidad en la Cámara andaluza para que la iniciativa legislativa presentada ayer -por la que se tramitará una proposición de ley orgánica de la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir- llegue a Madrid respaldada por todos los grupos parlamentarios al igual que ocurrió con el Estatuto de Autonomía, si bien el partido del Gobierno regional no requiere de más votos para sacar adelante su iniciativa legislativa al contar con mayoría absoluta.
La gestión del río se convierte así en una poderosa arma de cara a las elecciones y aprieta las tuercas a la oposición que, frente al habitual rechazo sistemático de las propuestas del Ejecutivo socialista, le hace claudicar ante un asunto, el Guadalquivir, que calibra el ADN de la política andaluza: eres o no eres andaluz si quieres o no la gestión de la cuenca.
Si los populares respaldan la proposición de ley, como pareció ayer insinuar al secretario general del partido, Antonio Sanz, obligarían al PP nacional a secundar en el Congreso la ley orgánica que requiere la delegación de competencias, y si la formación de Mariano Rajoy gana las elecciones, Arenas no tendría más remedio que ejecutar la transferencia. Si no lo hiciera, pondría a Arenas en una delicadísima situación de cara a los comicios autonómicos -cuatro meses después de los generales-, pues los socialistas le acusarían de no reivindicar los intereses regionales.
"Queremos un acuerdo que vincule a todos los partidos en Andalucía y que sea la palanca para vincular al conjunto de las fuerzas estatales", dijo ayer el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, tras registrar la proposición de ley en la Cámara andaluza, para la que pedirá el jueves en la Mesa del Parlamento celebrar un pleno extraordinario para dentro de dos semanas que inicie la tramitación y llegue antes de que se disuelvan las Cortes Generales.
Jiménez consideró que la actitud de Arenas, quien catalogó de "batalla ridícula" la petición socialista, puede estar mostrando su conocimiento de que el "centralismo exacerbado" de su partido les llevará a no apoyar esta iniciativa en las Cortes. Así, dijo, "puede que nos encontremos ante una pinza entre la derecha andaluza y la derecha nacional impidiendo el autogobierno de los andaluces".
Es por ello que, pese a que el líder de los populares ya rechazó el lunes consensuar con el Ejecutivo la propuesta, al asegurar que no iban a hacer de "comparsa de diálogos ficticios", ayer Sanz dijo que ellos mantienen "su posición de exigir al Gobierno el máximo de competencias del río en el marco de la Constitución y respetando el fallo del Tribunal Constitucional". Así todo, mostró su disposición a estudiar todas las iniciativas, incluida la del PSOE.
Sin embargo, Sanz criticó que la propuesta del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, va tarde porque "no da tiempo a discutirla en las Cortes Generales", por lo que la tildó de "brindis al sol" puesto que "a nadie se le ocurre enviar al Congreso una iniciativa cuando está apunto de terminar la legislatura". Asimismo, el número dos de los populares dijo que en materia de aguas, "no caben gestos frívolos", puesto que, a su juicio, "hoy Andalucía no tiene problemas de competencias, sino de gestión".
El partido socialista, a juicio de su portavoz, "ha hecho una apuesta muy ambiciosa" cuando pretende, según el texto, "recuperar la máxima capacidad de gestión y de gobierno del río, sin vulnerar el principio de unidad de cuenca y sin impedir una coordinación entre la Junta, el resto de comunidades y el Estado", reconociendo por otra parte las competencias exclusivas del Estado. Por tanto, el PSOE no solicita el establecimiento de régimen jurídico de las aguas, ni tampoco la protección general del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general del Estado ni la planificación hidrográfica de la cuenca.
Díaz Trillo avala la gestión por los buenos resultados
El apoyo a la propuesta socialista de exigir la transferencia de competencias del río es unánime en la Junta de Andalucía. Así, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, defendió así la gestión integral del Ejecutivo autonómico con todas las garantías, y para ello hizo referencia a los “buenos frutos” que ha dado la administración de la Junta en los últimos años.
Para el titular del ramo, la iniciativa que el grupo parlamentario pretende llevar al Congreso de los Diputados “viene a consolidar una serie de garantías para que la gestión sea desde Andalucía, además de compartida”, porque, según recordó, “la titularidad es del Estado, pero la gestión puede y debe ser andaluza”.
Según Díaz Trillo, “esto es a lo que aspira el pueblo andaluz que hace treinta años en referéndum apoyó mayoritariamente que Andalucía gestionara el Guadalquivir, así como los distintos grupos parlamentarios”. De igual modo, detalló que “la gestión de los últimos dos años en Andalucía ha dado buenos frutos, con 44.000 expedientes resueltos y una inversión de 300 millones de euros, además de fijar en el horizonte unos 600 millones de euros para 2014”.
Moreno prevé que el modelo quede pactado en octubre
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que en la comisión Bilateral entre la Junta y el Estado del próximo mes de septiembre se cerrará el modelo de gestión del río.
Según Moreno, respecto a la proposición de ley serán las Cortes “las que finalmente se pronuncien sobre la procedencia de delegar a Andalucía más competencias”. “Por tanto, desde el punto de vista técnico y jurídico tenemos un modelo prácticamente cerrado que va a ser positivo para Andalucía, para el agua y todos los sectores en los que tiene impacto el agua y el Guadalquivir y, a partir de ahí, una aspiración política: Que hablen las propias Cortes, que aprobaron el Estatuto autonómico.
