El PP no logró ayer el apoyo parlamentario necesario para que De la Vega y Rubalcaba comparezcan por la presunta "persecución" de la que es víctima el partido. La mayoría de los grupos votaron en contra y "mentiras", "paranoia" o "delirio" fueron algunas de las palabras que se escucharon sobre la nueva estrategia popular.
La mayoría de los grupos votaron en contra de las solicitudes del PP, que incluían también la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a excepción de CiU y PNV, que se abstuvieron, al igual que NaBai en el punto relativo a Rubalcaba.
Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, vinculó esta supuesta "persecución" política al "temor" del Gobierno ante el hecho de que "su propia incapacidad de gestionar con eficacia" la crisis "se traduzca en un duro castigo electoral".
Y es que al Gobierno "le preocupa más acabar con el PP que tratar de acabar con el desempleo", opinó, antes de apuntar que de las 53 actuaciones abiertas contra cargos del Partido Popular en los últimos tiempos, 49 han sido ya archivadas.
Son datos recogidos en un informe del PP para acreditar la "doble vara de medir del Gobierno" frente a los casos de corrupción en los que se han visto implicados miembros del PP y del PSOE. En el caso del PP, el "modus operandi", según Sáenz de Santamaría, es: "Se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en prime time ante los medios de comunicación previamente convocados, y se les retiene hasta el límite constitucional de las 72 horas". Después, en la mayor parte de los casos, "la única pena a la que han sido condenados ha sido a la pena del telediario", ironizó. Por contra, de los 61 casos abiertos en los que están involucrados dirigentes del PSOE, en 37 continúan todavía las actuaciones; "eso sí -agregó-, sin esposas, sin filtraciones, sin medios de comunicación".
Sin embargo, la portavoz popular nada dijo sobre las acusaciones de De Cospedal y otros líderes populares de supuestos pinchazos telefónicos y escuchas ilegales. En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, dijo que las denuncias del PP son un "conjunto de inventos, insidias y mentiras".
Alonso añadió que el PP busca ahora información que acredite "la sarta de barbaridades que se han pasado diciendo todo el verano". Para el portavoz del PSOE, el PP no va a conseguir que nadie se crea sus denuncias porque los españoles saben que España vive "en una democracia consolidada donde funciona la división de poderes" y se respeta a los jueces.
A su juicio, lo que busca el partido de Mariano Rajoy con esas "insidias, inventos y mentiras" es conseguir un territorio de "impunidad" para una serie de personas vinculadas a este partido acusadas de manera "seria" y con indicios "objetivos" de casos de corrupción que "afectan a la credibilidad del PP". Igualmente, según Alonso, el PP busca con su estrategia que se "hable de una falsedad", al denunciar la persecución a este partido, "para que no se hable de lo que sí es cierto, que son "los casos de corrupción" que le afectan.
Por CiU, el diputado Jordi Jané -que se abstuvo en la votación- se quejó del "clima de bronca" con el que se reanuda la actividad parlamentaria y emplazó al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales. Desde el PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, aseguró que si el PP aportara una "sola prueba" incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, señaló que no apoyaría las peticiones del PP al considerar que sus denuncias constituyen una estrategia de "defensa" ante el "cerco de sospechas" sobre corrupción que afecta al partido. Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, justificó su voto en contra porque no quiere que "la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable" del PP se convierta en un "delirio de persecución", ya que no ha podido presentar un mínimo de indicios que acrediten sus denuncias.
