El PP reclama, en la denuncia que interpuso ayer en Madrid por las filtraciones del caso Gürtel, que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, ante un presunto "delito continuado" de "revelación de secretos".
Sobre éste último el PP recuerda que acompañó al ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en el "escandaloso" fin de semana de cacería que a la postre provocó su dimisión, aunque no la del propio González, quien "pervive al frente de su cargo como han pervivido desde entonces, y perviven, las filtraciones denunciadas". Hay un tercer cargo a quien, según insta el PP, se le ha de tomar declaración, el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera. El PP descarta achacar el presunto delito a los jueces y a los fiscales.
Así consta en el texto de la denuncia que el PP presentó en el Juzgado de Instrucción 34 de Plaza Castilla, en Madrid, en el que además pide personarse como acusación particular por los "especiales perjuicios" que los hechos le han causado.
Horas después, en la sede del PP, el responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, desgranó el contenido de dicha denuncia en conversación con los periodistas. Para el PP, es atribuible por las filtraciones "un delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones" de dirigentes del partido, y con el fin de corroborar sus apreciaciones cita diferentes artículos del Código Penal.
Por ello, el PP estima que "podrían practicarse" una serie de diligencias, entre ellas, que se tome declaración a Camacho, a José Antonio González y a José Luis Olivera.
Los populares también solicitan la declaración de cuantos funcionarios de la Policía Judicial hayan participado en las escuchas telefónicas y de una persona de la UDEF, a quien no identifica en la denuncia, que supuestamente efectuó una llamada al presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado 5 de marzo. Ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al encontrar indicios contra Camps, y por lo que explicó ayer Federico Trillo, una persona de la UDEF telefoneó al móvil del presidente autonómico para comunicarle la decisión del magistrado. Según la versión de Trillo, esa persona, en esa misma conversación, no se identifica a pesar de que Camps se lo requiere.
Por otra parte, ayer trascendió que el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, ambos imputados provisionales en la investigación del caso Gürtel por el Tribunal Supremo, pidieron a la cúpula del Partido Popular que nadie les acompañara a sus comparecencias en la sede judicial. Así lo destacaron fuentes de la dirección del Partido Popular, que pidieron que no se les identificara, durante una conversación informal con los periodistas en la sede nacional del partido.
