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El PP tacha la cesión del Guadalquivir de "farsa contra Rajoy"

Los populares emplazan al Congreso a decidir sobre el río pese a cargar contra el PSOE

el 14 dic 2011 / 21:51 h.

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En un maratón de cinco horas, el Parlamento aprobó ayer cuatro nuevas leyes en un clima de concordia entre partidos: no hubo ni un voto en contra y dos de ellas, encaminadas a la creación de empleo y a la redefinición del modelo productivo andaluz, lograron el respaldo unánime de la Cámara.

La Ley de Turismo, la de Trabajo Autónomo, la de Salud Pública y la de Sociedades Cooperativas salieron adelante con el apoyo del PSOE y la abstención o el respaldo explícito de PP e IU. Lo más significativo fue el voto unánime de todos los partidos a la primera ley para autónomos del país, una norma que hace cinco meses -en fase de proyecto- contaba con el rechazo de los populares y las críticas del sector, que entonces la consideró "insignificante". Las asociaciones de autónomos reconocieron ayer que "existe un consenso muy alto en torno a la necesidad de la ley y al contenido de la misma".

La pax romana entre partidos se acabó cuando entraron a discutir la proposición de ley del PSOE para pedir al Congreso la delegación de competencias de las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por Andalucía. Ayer quedó patente que el río seguirá siendo, inevitablemente, un motivo de confrontación política entre el PSOE y el PP andaluz, pero también entre la Junta y el Gobierno central. Y lo será a pesar de que todos los grupos ratificaron su compromiso a la iniciativa de llevar al Congreso la petición del trasvase de competencias.

La propuesta socialista logró el apoyo unánime de los partidos, aunque el PP pidió votación separada de los apartados del dictamen. Rechazó cuatro artículos, se abstuvo en tres y dejó su apoyo al esqueleto de la iniciativa. Los populares apartaron el articulado donde se contextualizaba la petición al Congreso en el marco de la reivindicación sobre la gestión de las políticas del agua desde Andalucía. "Nuestro voto no es un aval a la gestión del agua del PSOE", remacharon.

Antes de dar el sí a una iniciativa del presidente José Antonio Griñán, los populares ofrecieron todos los argumentos para denostar violentamente la proposición: La portavoz del PP Carolina González Vigo la calificó de "una farsa contra un futuro Gobierno de Rajoy". "La Junta ha fracasado en la negociación con un Gobierno socialista y esto es lo que revela esta iniciativa. Es una farsa que pretenden que resuelva Rajoy cuando ustedes no han sabido solucionarlo", insistió.

A los socialistas también pareció incomodarles el abrupto apoyo del PP. El portavoz Fidel Mesa respondió: "Ustedes se ven forzados a decir que sí, pero en el fondo le dicen a sus colectivos afines que esta iniciativa no llegará a ninguna parte". Y apuntilló: "Para llevar a compañeros de viaje que no van convencidos y que van a poner palos en las ruedas, preferimos ir solos". Y así se selló el pacto andaluz de no agresión por el Guadalquivir, con un Gobierno aceptando a regañadientes el apoyo de la oposición, y una oposición revolviéndose en el sillón por dárselo. Pese a lo cual, previsiblemente seguirán acusándose de traicionar los intereses de Andalucía.

La presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, propuso ayer que sean tres diputados (uno de cada grupo) los que lleven al Congreso la iniciativa legislativa. Sus nombres serán elegidos hoy. Para que el Gobierno delegue las competencias del río a la Junta -una posibilidad recogida en el artículo 150.2 de la Constitución-la propuesta debe obtener mayoría absoluta en el Congreso, que será quien resuelva este entuerto. El Consejo Consultivo avaló hace una semana esta segunda vía para recuperar gran parte de la potestad sobre el río que Andalucía perdió hace un año cuando el Tribunal Constitucional anuló las competencias exclusivas de la Junta sobre el río.

La adaptación de la ley urbanística andaluza a la ley estatal de suelo de 2008 superó la enmienda a la totalidad del IU, pero también enfrentó al PSOE con la oposición. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, explicó que se había aprovechado este trámite para introducir mejoras que diesen margen de maniobra al sector del ladrillo: como eximir a los promotores de la cesión de suelo para equipamientos a ayuntamientos siempre que las construcciones no excedan de un límites y previa compensación económica a los municipios por cantidad equivalente a su valor.

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