El PP se agarró a las palabras del Interventor municipal ante el juez para pedir que el alcalde fuese citado como testigo. Ayer, se aferró a esta misma declaración para acusar al alcalde de "mentir" en el Juzgado y de ser el "autor intelectual de la financiación irregular del PSOE". La respuesta puede llegar como querella.
El nuevo cruce de declaraciones entre los dos partidos mayoritarios -muy lejos del acuerdo que planteó el secretario general del PSOE, José Antonio Viera, el pasado lunes- tiene como base la declaración como testigo del alcalde y su posterior comparecencia ante los medios de comunicación. Sánchez Monteseirín relató al juez que no se fiscalizaron de nuevo las primeras facturas dobles porque el Interventor consideró que ya estaban fiscalizadas y pidió remitirlas al Tribunal de Cuentas; y que no investigó el fax difundido por los populares con supuestas instrucciones para inflar una factura porque no dio "crédito" a la denuncia de Juan Ignacio Zoido. Estas dos respuestas fueron calificadas de "mentiras" y de "inciertas" por los ediles del PP Juan Bueno y Beltrán Pérez, lo que derivó en una cascada de reacciones de un PSOE que ha cerrado filas en este proceso, que acabó arrastrando incluso al interventor
"El alcalde ha perdido la oportunidad de colaborar con la Justicia. Es el autor intelectual de un escándalo de posible financiación irregular del PSOE", afirmó Pérez, quien subrayó que hay "numerosas contradicciones" en la declaración del alcalde y planteó que pudo "mentir" al declarar como testigo, un hecho tipificado como delito. El edil basó su denuncia en la respuesta sobre la investigación del interventor de las facturas: "Él dijo que no habían sido investigadas por el Ayuntamiento y que no se le había encargado una investigación. El alcalde eludió la responsabilidad y dejó que recayera en el interventor. Uno de los dos miente, y yo creo al interventor". Los populares anunciaron nuevas acciones judiciales o institucionales, que eludieron especificar, tras la declaración del regidor.
Horas después, el Ayuntamiento remitió un comunicado atribuido a la Intervención municipal con una respuesta a la denuncia del PP: "La Intervención del Ayuntamiento fiscalizó plenamente las facturas de Unidad y, a propuesta mía, las remitió al Tribunal de Cuentas para su revisión. Con fecha 25 de junio, el Tribunal procedió a archivar el expediente al no apreciar ninguna infracción por parte del Ayuntamiento. Ante el juez declaré lo siguiente: 'He investigado, como interventor, la parte correspondiente que me confería, pero antes de que se denunciara el supuesto fax, y no después".
No fueron las únicas reacciones que generaron las declaraciones realizadas por los concejales del PP. Un día antes, José Antonio Viera aludió a una reunión con los dirigentes populares José Luis Sanz y Juan Ignacio Zoido en la que les transmitió la necesidad de frenar su campaña de acusaciones y "dejar trabajar a los tribunales". La respuesta de la oposición llegó con forma de nuevas denuncias, de un desmentido de la reunión citada por el secretario general socialista y de un rechazo a lo que el PP tildó como "un pacto de silencio". Viera dio un paso más ayer como contestación: "Si entendemos que se está haciendo una afirmación sobre una corruptela en el PSOE, en los próximos días presentaremos una querella".
El portavoz del grupo socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se sumó a los reproches a las declaraciones de los ediles de la oposición: "Hay que hacer un llamamiento a la calma y a la confrontación política con serenidad. El PP trata de politizar la acción de la Justicia tratando de influir en ella y manipulando no ya las declaraciones del alcalde, sino las del interventor municipal. Los socialistas colaboramos con la Justicia y el PP quiere influir en ella"
