"A las mujeres que hayan sido vejadas de alguna manera, maltratadas, violadas o amedentradas de alguna manera hay que compensarlas. Lo que ocurre es que hay muchas mujeres en la actualidad que son objeto de violación, de maltrato y de vejaciones y no reciben esta indemnización", subrayó.
A su reflexión se sumaron inmediatamente otras voces populares, como la del consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, que calificó de "vomitivo" que "se tase la dignidad de una mujer en 1.800 euros". Granados no cree que esta indemnización "resarza el sufrimiento que hayan podido vivir esas mujeres" sino que supone "una vejación añadida". "Es una de las medidas mas reprobables que he visto nunca de un Gobierno", añadió Granados, que dijo esperar que "alguien tenga la cordura de retirar de inmediato" la medida, aprobada el martes y que entrará en vigor tras su publicación en el BOJA.
Desde el PP andaluz, pese a que el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, instó a su presidente, Javier Arenas, a "desautorizar" a Cospedal o aclarar si comparte su opinión, fue la portavoz del partido, Rosario Soto, la encargada de ofrecer la opinión popular desde Andalucía, en la que dio una de cal y otra de arena. Aseguró que su formación ve bien "cerrar heridas" pero defendió que hay otros mecanismos, más allá de las reparaciones económicas, como los reconocimientos sociales, y que ya se han puesto en marcha medidas "suficientes" como la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Obvió, sin embargo, las reticencias de ayuntamientos populares como el de Granada para cumplir algunos de los preceptos de esta ley, como el de la retirada de símbolos franquistas. Soto insistió en el argumento de Cospedal sobre las muchas "absolutamente vejadas y a las que también habría que indemnizar", entre las que citó a las víctimas de la violencia de género que no reciben "todas las ayudas que tendrían que recibir".
Defendió así que "los grandes esfuerzos presupuestarios" del Gobierno andaluz deben ir destinados a las "agresiones sociales" en la "Andalucía del siglo XXI".
Desde la Junta fueron varias las voces que instaron al PP a "reconciliarse con la historia" y "normalizar su relación con el pasado", como señalaron las consejeras de Presidencia e Igualdad, Mar Moreno y Micaela Navarro respectivamente, quienes también reprocharon. Mientras, la portavoz del PP-A acusó tanto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, de vivir "en el pasado" y les instó a "gobernar para hoy y no estar centrados en el pasado".
Tanto desde la Junta como desde el PSOE tildaron de "ofensiva", "escándalo" e "irresponsable" la alusión a las víctimas de malos tratos, y acusaron al PP de alterarse y sentirse "acomplejado" ante este tipo de medidas. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, también aplaudió el decreto de las indemnizaciones e instó a mejorarlo, al igual que las políticas contra la violencia de género pero dejo claro que "son dos contextos diferentes" y "lo cortés no quita lo valiente".
Las críticas al PP también vinieron desde las asociaciones de memoria histórica e investigadores de la materia. Así, el historiador José María García Márquez las calificó de "demagógicas y mezquinas" y señaló que "empezar a hablar de que sacar estos temas es volver atrás es el mismo lenguaje que usó el régimen de la dictadura en sus últimos años". "Las dictaduras siempre quieren silencio, que se pase página, incluso en la historia, y aquí ni siquiera la justicia ha reparado a estas víctimas".
El responsable de memoria histórica de CGT, Cecilio Gordillo, también lamentó la reacción popular pero alertó de que "esto es lo que pasa cuando las administraciones sólo tienen la vista puesta en el dinero, porque le tienen miedo a los actos públicos de reconocimiento, cuando la mayoría de ellas pasan de eso a estas alturas".
