Con el mes de septiembre arranca el nuevo año judicial que, tal y como terminó el anterior, lo hará marcado por los casos de corrupción. La jueza Mercedes Alaya y sus macrocausas seguirán siendo las protagonistas, aunque ya no será la única magistrada que intente poner en claro qué ocurrió con el dinero público destinado a distintos menesteres. Juan Gutiérrez Castillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16, o Juan Jesús García Vélez, de Instrucción 9, serán los otros dos jueces que este año saltarán la palestra pública, con los casos de Invercaria y la investigación sobre UGT-A. Los juzgados sevillanos se convierten así en el epicentro político, instruyendo causas que afectan a toda Andalucía, pero también a nivel local, como las irregularidades en Mercasevilla, en la Fundación DeSevilla o el caso Fitonovo.
La estrella del pasado año fue, sin duda, el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), unas diligencias a punto de cumplir los cuatro años de instrucción. El verano llegó y la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ponía el colofón con la elevación al Tribunal Supremo del caso con una exposición detallada de más de 300 folios, en los que guardaba alguna que otra sorpresa. Y ésta no era pequeña, pues la jueza señalaba a dos exconsejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía: Mar Moreno y Gaspar Zarrías. Aunque Zarrías había sido nombrado en algún momento de la instrucción, la jueza nunca le había señalado a él, ni mucho menos a Moreno. La magistrada pedía en el escrito, en el que cifra el fraude en 855 millones de euros, al Alto Tribunal que se quede el caso completo, pues a su juicio sería perjudicial dividir la causa en piezas. Ella no quiere ni siquiera que el Alto Tribunal se quede sólo con la parte de los aforados (los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, además de los citados Moreno y Zarrías). Ahora, la decisión la tendrán que tomar los magistrados del Supremo, probablemente en este mes, aunque mientras tanto ella puede seguir investigando los numerosos flecos que aún le quedan al caso.
Pero éste no es el único caso de corrupción que está sobre la mesa de la jueza. Al tirar del hilo de los ERE, la magistrada abrió otra vía más que ha terminado en dos causas distintas, cuya investigación está aún prácticamente por comenzar. Una es sobre el entramado de empresas del conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas, quien supuestamente creó varias compañías sin actividad alguna para recibir subvenciones para cursos de formación. La otra es la relativa también a las ayudas a la formación, y en concreto a las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y a la compañía Delphi. Una causa en la que por ahora sólo hay un único imputado: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien también está implicado en la trama de los ERE, por la que llegó a estar en prisión durante varios meses.
Los casos con repercusión andaluza no sólo están en el despacho de Alaya. Otros dos juzgados sevillanos: el número 16 y el 9, también instruyen diligencias que ya están dando mucho que hablar. En Instrucción 16, ya también se están viendo desbordados, pues llevan la investigación por las supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversiones de riesgo de la Junta de Andalucía, así como las abiertas en referencia a otras ocho empresas públicas, cuya financiación pudo ser similar a la utilizada en el fraude de los ERE. A esto, se une el que será el juzgado encargado de llevar las pesquisas sobre el fraude de los cursos de formación en la provincia de Sevilla. Un juzgado que, además, no cuenta con ningún tipo de refuerzo ni tampoco está exento de recibir nuevos casos, como sí ocurre con el de Alaya.
Por su parte, en el Juzgado de Instrucción número 9 llevan una de las causas que más va a dar que hablar en este año que entra: la investigación sobre las facturas falsas de UGT Andalucía. Poco antes del verano el juez del caso, Juan Jesús García Vélez, levantaba el secreto de sumario, con más de 3.000 folios, que revelaban el sistema creado por la organización sindical para desviar fondos públicos destinados a la formación para gastos ordinarios. Por ahora, hay 16 personas imputadas en esta causa, entre ellas el que fuera tesorero de UGT durante una década Federico Fresneda.
Todos ellos son casos que instruyen juzgados sevillanos que afectan a toda Andalucía, pero también hay investigaciones abiertas por supuesta corrupción a nivel local. Además, dos de ellos están en manos de Mercedes Alaya: Mercasevilla, que fue el que dio origen al caso de los ERE y a todos los que derivaron de él; y Fitonovo, que también partió de Mercasevilla. La magistrada ya envió a juicio, que fue celebrado, la primera rama abierta sobre las irregularidades en la lonja. Sin embargo, aún tiene abierta la instrucción de la causa relativa a la venta irregular de los suelos y la del delito societario. La primera de ellas ya estuvo a punto de ser cerrada, pero la magistrada decidió reabrirla para llevar a cabo varias pruebas, entre ellas, la declaración de ocho testigos. Entre los imputados en esta causa, en la que Alaya investiga la supuesta adjudicación fraudulenta del concurso público para la venta de los terrenos del mercado, están el que fuera teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, así como los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán. En breve, la instrucción podría estar cerrada y, por tanto, todos ellos enviados a juicio.
En cuanto al caso Fitonovo, la jueza lo sigue manteniendo bajo secreto de sumario tras más de un año, salvo la parte relativa al que fuera asesor socialista y exdirector de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño, que estuvo encarcelado por estas diligencias. En esta causa, la magistrada investiga la supuesta entrega de dádivas por parte de Fitonovo a cambio de contratos municipales, un extremo que fue descubierto cuando se investigó el patrimonio de Castaño, quien también está imputado por la venta irregular de los suelos de Mercasevilla.
En la que se inició como operación Madeja, aún queda mucho por avanzar. La jueza mantiene a nueve personas imputadas, tras dos fases en las que la Guardia Civil llevó a cabo diversos registros en las empresas Fitonovo y Fiverde, así como en otras vinculadas a esta, en los que se descubrió una supuesta contabilidad B en la que se recogía el pago en negro y los regalos, con las iniciales de las personas a las que iba dirigidas. Lo que sí se conoce por ahora es el supuesto enriquecimiento de Castaño, que según la Guardia Civil recibió de forma ilegal más de 400.000 euros.
Y como Alaya, el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, también tiene sobre su mesa un caso en el que también está imputado el exteniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, junto con el exedil de IU Carlos Vázquez. El magistrado los imputó por un supuesto delito de malversación en la gestión de la Fundación DeSevilla, al detectarse irregularidades en la justificación de una subvención que el Ayuntamiento le entregó por valor de 935.000 euros.
La política de los municipios de la provincia también ha llegado hasta los tribunales. En los juzgados hay dos casos importantes que afectan a alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, ambos del PP. En el primer caso, se investiga el supuesto soborno a la primera edil con un bolso de Loewe para comprar su voto cuando era concejal para llevar a cabo una moción de censura, hechos por los que el Juzgado de Instrucción número 2 la ha imputado por cohecho.
La alcaldesa lo niega y afirma que fue un regalo «amoroso» de un empresario, que está vinculado a la trama Gürtel. La investigación se ha dado ya por cerrada, aunque Hermoso ha recurrido, y ya se ha comenzado a dar los pasos para enviar el caso ante un jurado popular.
En cuanto al alcalde de Tomares, el Juzgado de Instrucción número 8 estaba investigando los supuestos contratos ilegales con un concejal por servicios inexistentes. En la causa hay cuatro personas imputadas, pero la jueza ha decidido enviarla al Tribunal Supremo porque considera que Sanz, que tiene calidad de aforado al ser senador, «tenía claro conocimiento» de la actividad que realizaba el concejal. La decisión está recurrida ante la Audiencia.
