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El Prado volverá a ser el epicentro de la investigación de los ERE irregulares

Alaya retomará en septiembre el caso, a laesperade la salida de prisión de los únicos tres encarcelados.

el 09 sep 2012 / 18:39 h.

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Si existe un caso que está copando, y copará, la actualidad diaria de los juzgados sevillanos, ese es el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Con casi 60 imputados, la investigación aún tiene que dar mucho de sí, a la vista de la ingente documentación que la jueza Mercedes Alaya solicitó en sus últimos autos antes de marcharse de vacaciones. Mientras tanto, el otro punto de atención será si los únicos tres encarcelados por esta causa saldrán de prisión al poder reunir las fianzas impuestas.
De momento, septiembre comenzará con calma. Por ahora, no hay un calendario establecido de declaraciones, después del maratoniano mes de julio. Sin embargo, todo apunta a que Alaya lo fijará en breve, ya que aún quedan intrusos por declarar y responsables políticos como el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, cuya declaración, que inicialmente se fijó para julio, se suspendió.

Lo que ya es más difícil es que la jueza decida subir un peldaño más con la imputación de aforados, como podría ser el exconsejero José Antonio Viera, a quien ella señala constantemente. Es más, cuando la jueza decidió enviar a prisión al que también fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, se especuló con que daría el paso de implicar a Viera, ya que fueron ambos los que firmaron el convenio que posibilitó otorgar ayudas de forma irregular.

Sin embargo, uno de los focos de atención del caso seguirá siendo si los tres encarcelados -Fernández, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo- podrán reunir finalmente las diferentes fianzas impuestas y eludir así la prisión provisional.

Justo antes del verano, Alaya denegó a Fernández la rebaja de la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia, entre otros motivos, por el escaso tiempo que había transcurrido desde que le fue impuesta. En cambio, sí admitió la solicitud del exchófer, rebajándola de 150.000 a 75.000 euros. Está por ver si Guerrero también le pedirá que rebaje sus 250.000 euros, a la vista de la dificultad para reunirlos.

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