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El precio máximo de las VPO es el principal escollo

El precio de la VPO es el principal escollo para sellar el Pacto por la Vivienda. UGT exigió el jueves un tope de 150.253 euros como coste máximo. Los empresarios presionan para incluir pisos a precio tasado, destinados a los que superan la renta para una vivienda protegida, pero no pueden comprar una libre.

el 14 sep 2009 / 20:33 h.

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El precio de la VPO es el principal escollo para sellar el Pacto por la Vivienda. UGT exigió el jueves un tope de 150.253 euros como coste máximo y amenazó con no firmar el acuerdo si se rebasa ese límite. En la negociación con la Junta, los empresarios presionan para incluir pisos a precio tasado, destinados a los que superan la renta para acceder a una vivienda protegida, pero no pueden comprar una libre.

La patronal está apretando las tuercas para incluir la modalidad a precio concertado en la negociación del pacto. Su argumento, respaldado por los municipios, es que así se satisfarían las necesidades de quien supera la renta para acceder a una VPO -hasta 40.000 euros al año o 3.100 euros mensuales- pero no puede pagar una vivienda libre.

Los sindicatos, en cambio, rechazan de plano la propuesta de los empresarios porque consideran que el precio de venta será muy similar al de una vivienda libre y, por tanto, inaccesible para muchos andaluces.

El Gobierno andaluz todavía no ha fijado cuánto costarán los módulos de VPO, pero el último documento presentado a los agentes de la Concertación no incluye a los pisos a precio tasado dentro del cómputo de las 300.000 viviendas protegidas previstas para los próximos diez años. Es decir, no contempla que a los andaluces que ganen más de 5,5 veces el Iprem (Índice de Precios de Renta de Efectos Múltiples) -indicador similar al salario mínimo, 499,20 euros al mes-, unos 40.000 euros anuales, se les vaya a destinar una de las VPO que se construirán tras la puerta en marcha de la futura ley de vivienda.

No obstante, la Junta deja una puerta abierta a futuras conversaciones en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012, pero siempre respetando que la vivienda tasada no contará como una VPO.

UGT fue más allá y exigió el jueves un tope de 150.253 euros como precio máximo de una VPO, y amenazó con no firmar el pacto si no cumple esta condición. El secretario general del sindicato, Manuel Pastrana, aseguró que ese límite supondría no superar 5,5 veces el Iprem y, por tanto, significaría "poner un número importante de vivienda que dará unos márgenes razonables e interesantes beneficios a los empresarios en consonancia con las necesidades de los andaluces, que quedarían cubiertas en un 85%". Explicó que la patronal quiere ampliar el tope del precio a 210.354 euros, cantidad con la que "sólo se daría respuesta al 50% de las familias" y que excluiría al grueso de "trabajadores".

Pastrana precisó que la negociación del pacto "no está siendo nada fácil, sino muy dura" al existir intereses específicos de los distintos agentes y, en algunos casos, con "propuestas muy confrontadas". No obstante, reconoció todas las partes tienen voluntad para llegar a un acuerdo.

Más optimista se mostró CCOO, que valoró el consenso alcanzado en la última reunión, en la que se estableció que el reparto de las 300.000 VPO se hará en función del nivel de renta. El secretario de Política Institucional del sindicato, Juan Pérez, confió en que estos avances hagan posible la firma del pacto antes de final de año.

Las críticas de UGT se dirigieron también a la negociación de la Junta y empresarios para suavizar el Plan de Ordenación del Territorio (POTA).

Pastrana rechazó un pacto cuyo requisito sea "la voladura" del POTA o una variación de los marcos normativos. "UGT no va a avalar ni una liquidación ni un descafeinado de la normativa que regula el suelo en función de intereses políticos o económicos", insistió.

El dirigente sindical dijo que sólo asumiría ciertas modificaciones de la ley para potenciar el desarrollo de suelo industrial y satisfacer las necesidades, pero aclaró que se trata de "casos concretos". Al margen de este aspecto, recordó que los contactos entre las partes no deben perder de vista el punto de partida: "el derecho a la vivienda tiene que estar regulado por ley y ser exigible por los andaluces".

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