El presidente de Dolmen, Juan Manuel Sanz Marín.
Los impagos a las subcontratas que llevaron a cabo la obra de la promoción inacabada de VPO Isbylia de Sevilla Este se produjeron por «el retraso en los créditos». Esta es la explicación que ayer ofreció el presidente y dueño de la constructora Dolmen, Juan Manuel Sanz Marín, ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, que le imputa un presunto delito de estafa tras una denuncia de los subcontratistas que no percibieron las cantidades fijadas por su trabajo en estas obras promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Junto con Sanz Marín, ayer también estaba citado el apoderado de la empresa, Francisco Ramas Varo, a quien la jueza también le ha imputado por estafa. Según explicaron fuentes del caso, el propietario de Dolmen admitió que se produjeron impagos a las subcontratas, aunque aclaró que no fueron responsabilidad de su empresa, sino que los achacó a los retraso en la tramitación y la diferente burocracia para aprobar los préstamos. Unos créditos que debían ser aprobados y entregados por Caja Madrid, según las mismas fuentes.
Como ya hiciera en su declaración como imputado, el pasado 5 de marzo, el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, el dueño de la constructora también aludió a los retrasos que se produjeron en Urbanismo para otorgar la licencia de obra, asegurando que tardó dos años, explicaron las fuentes. Igualmente, habría admitido que a las empresas suministradoras se les transmitió la necesidad de terminar los trabajos para poder percibir las cantidades acordadas y que incluso se les ofreció algunas vías para poder cobrar, como una subvención solicitada a la Junta de Andalucía que, en cambio, no fue concedida hasta el año 2013.
Esta investigación se abrió tras admitir a trámite el juzgado la denuncia de las empresas Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, que fueron subcontratadas para llevar a cabo los servicios de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones dedicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en el Polígono Aeropuerto.
Estas empresas, ya sin actividad como consecuencia de estos impagos, reclaman que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y que ellos han cifrado en 600.000 euros. Estos empresarios mantienen que los denunciados actuaron «de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito».
