El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, informó ayer de que ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, de investigar la labor de la Comisión de Economía y Hacienda en esta presunta trama fraudulenta. La magistrada, en sendos autos de marzo, requiere información para indagar el papel del Parlamento andaluz en el caso ERE. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto y ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial. En un principio, Alaya pone bajo sospecha a toda la Cámara y posteriormente acota sus pesquisas a la Comisión de Economía. Alaya viene sosteniendo en sus diversos autos el origen supuestamente ilegal de la partida presupuestaria, aprobada por la Cámara andaluza, para nutrir el fondo de los ERE y sus sucesivas ampliaciones para cubrir los desfases detectados en estas partidas.
El presidente de la Cámara se dirige al Consejo General del Poder Judicial avalado por un informe jurídico del cuerpo de letrados del Parlamento. Éstos llegan más lejos e incluso plantean que «cabría poner los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior en defensa de nuestra institución y de la legalidad vigente».
El presidente del Parlamento alerta en su escrito, elevado al consejo de los jueces, de que los autos emitidos por Alaya pueden vulnerar «el ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto a la separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento». A pesar de que la jueza haya acotado su investigación a la Comisión de Hacienda y no sobre toda la Cámara, para salvar «evidentes dudas legales», el escrito señala que el juicio que hace la jueza sobre los diputados «se antoja cuanto menos gratuito». Además insiste en que el Parlamento aprueba los Presupuestos pero no controla el uso posterior de esas cantidades. «Se traducen en una mera autorización de gasto para el Ejecutivo, que este puede ejecutar o no. Difícilmente el Parlamento, a la vista de ello, puede considerarse responsable del uso y la gestión que se haga», se apunta.
El escrito elevado por Manuel Gracia considera «improcedente» que se quiera investigar la aprobación de los Presupuestos por parte del Parlamento y también que se pida a la Intervención General del Estado un peritaje para conocer «qué pudo conocer la Comisión de Economía y Hacienda de las irregularidades que estaban cometiendo». Expone además que el juzgado de Alaya no tiene potestad para ordenar una investigación jurídico-penal «sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria». «Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros. Lo que puede hacer, exclusivamente, y es algo distinto, es utilizar en sus resoluciones los trabajos de la Cámara, la documentación enviada por el Gobierno, sus leyes, mociones, proposiciones y demás instrumentos que son objeto de publicación para conocimiento generalizado y demás efectos. El Tribunal Constitucional español lo ha reconocido así en distintas sentencias», arguye.
El socialista Manuel Gracia recuerda que el Parlamento de Andalucía es «inviolable», insiste en su «independencia» y considera en que el Juzgado de Instrucción número 6, encargado del caso ERE, «arroja inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones, ante la que no podemos guardar silencio».
Según explicaron a Europa Press fuentes del CGPJ, la queja llegó ayer al órgano de gobierno de los jueces y, como es preceptivo, ésta ha sido trasladada al promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, que la estudiará. La queja del Parlamento llega días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya apremiado a Alaya a enviar la parte que afecte a los aforados al Supremo y a dividir por piezas la instrucción. Una solicitud avalada por el fiscal general del Estado.
