El Tribunal Constitucional (TC) sufrió ayer un duro golpe tras la decisión de su vicepresidente, Eugeni Gay, y otros dos magistrados del órgano, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, de presentar su dimisión. El motivo: la tardanza en la renovación de sus cargos por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Sin embargo, esta renuncia no fue aceptada por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, por lo que deberán continuar en sus cargos hasta ser renovados por el Congreso de los Diputados, según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC) .
Las plazas de los tres magistrados que presentaron su renuncia -dos designados a propuesta del PSOE y un tercero a instancias del PP - debían haberse renovado por la cámara baja antes del pasado 7 de noviembre junto con la vacante que dejó Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008.
El malestar por la anómala situación entre los tres magistrados era más que evidente hasta el punto de que el vicepresidente del TC asegura en la carta de renuncia, que presentó el 8 de junio al presidente de la institución, que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado". En la misiva, de cinco folios, Gay señala que el retraso en la renovación de su plaza y la de los magistrados Vera y Delgado constituye "una grave disfunción" que atribuye al "manifiesto incumplimiento por parte del Senado de su ineludible obligación" de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos representantes.
Por su parte, los magistrados Vera y Delgado ponen de manifiesto en sus escritos de renuncia, la importancia de que se cumplan los plazos que establece la Constitución para la renovación del TC, ya que la suya se debía haber hecho hace seis meses.
Esta situación es la primera vez que se produce en la historia de este órgano, aunque el presidente del Constitucional reaccionó con celeridad y ayer mismo desestimó las renuncias, justifica su decisión en el "volumen de procesos constitucionales pendientes" en este órgano y en su "insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas".
Sala también se refiere en su escrito a la necesidad de "garantizar la continuidad y estabilidad" del tribunal de garantías y reitera al Congreso de los Diputados la necesidad de proceder a la renovación en cumplimiento de los plazos legales.
Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía de que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había "desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.
Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la sentencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC. Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrado se posicionó a favor de la suspensión de la norma.
El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso , José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que estos partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.
Otro frente. La situación en el TS ha abierto otro frente de batalla entre el PSOE y el PP. El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, interpretó la decisión de los magistrados como un "llamamiento al PP" para que muestre "voluntad" de renovar el alto tribunal. Mientras que la secretaria general del PP y presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aprovechó la ocasión para decir que esta situación pone de manifiesto que en España no hay un "liderazgo necesario en el Gobierno" y la relacionó con la legalización de Bildu .
