No habrá buenas noticias ni para la economía ni para el empleo en el Presupuesto andaluz de 2013. El consejero de Economía, Antonio Ávila, apeló ayer a la importancia de "la credibilidad" y admitió que los datos macroeconómicos que incluirán las cuentas andaluzas serán bastante peor que los que el Gobierno central ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado y que ya han sido machacados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ávila señaló para Andalucía un crecimiento negativo que estará entre el 0,9 y el 1,3% del PIB. Al cierre de 2012 se prevé que la recesión se sitúe en el 1,5%. Esto lastrará el mercado de trabajo, el gran problema de una comunidad que supera el millón de parados. Los datos irán consonancia con los informes de organismos independientes como el BBVA_Research y Analistas Económicos de Unicaja. El primero prevé un retroceso del 1,8% en la economía andaluza y una tasa de paro del 33,9%, 1,3 millones de andaluces sin trabajo. Los expertos de Unicaja confirman la sangría laboral y pronostican una tasa de paro del 35,5%, con una caída de la economía del 1,6%.
Los Presupuestos Generales del Estado han pronosticado para el próximo año una contracción del 0,5%. Es el dato más optimista de todos los conocidos. El Fondo Monetario Internacional se encargó de machacar esas cuentas días después de su presentación, con un retroceso del 1,3% del PIB_en 2013. Andalucía se moverá más bien en esos datos más negativos pero también más realistas y creíbles, según trasladó el consejero de Economía ayer al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Las cuentas andaluzas deberán llegar al Parlamento con el 31 de octubre como plazo final. Ayer además se dieron los pasos formales para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, un rescate que dará a Andalucía 2.133 millones de euros en una primera fase. La Junta se compromete a destinar 1.500 al pago de proveedores. Otros 600 ya se lo han comido los intereses de la deuda.
La clave será la creación de Empleo. Ávila aseguró ayer que ha pedido al Gobierno andaluz que todas las políticas de las diferentes consejerías del Ejecutivo tengan el freno a la destrucción de puestos de trabajo como objetivo. El consejero del ramo admitió que es difícil frenar esa sangría laboral y en cierto modo entonó un canto de impotencia. El Gobierno andaluz tiene la competencia sobre las políticas activas de empleo, pero éstas son financiadas por el Gobierno de la Nación, esbozó Ávila. En este punto, el consejero se refirió al recorte del 57% con el que, "de forma imprevista", el Ministerio de Trabajo castigó a estas políticas. Aseguró que su "preocupación fundamental" es qué papel va a adoptar el Gobierno respecto a estas políticas y si en 2013 se repetirá ese recorte.
El titular de Economía apostó también por mantener el empleo en las empresas públicas. La reestructuración del sector público es inevitable en este Presupuesto pero IU, socios en el Gobierno, va de la mano de los sindicatos y exige garantías de que no habrá despidos. El primer problema se registra en los 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo Local (UTEDLT), que se suprimirán antes de final de año dentro del plan diseñado por la Junta y que, según los sindicatos, provocará 800 despidos. Ávila rebajó ese dato a 714 y aseguró que la responsabilidad de esos despidos no es de la reforma del sector público sino del recorte del Gobierno central, que financiaba estas unidades con 37 millones de euros que ahora son un millón. "Son la ministra Báñez y el ministro Montoro los que han tomado la decisión", señaló.
