En Andalucía ha habido 80.000 desahucios por la crisis.
El Parlamento aprobará en el pleno de la semana que viene la ley de la función social de la vivienda, conocida como la ley antidesahucios. La norma, una de las más potentes del Gobierno de PSOE e IU, saldrá adelante en unas circunstancias anómalas: el decreto que la desarrolla se encuentra paralizado desde antes del verano por el recurso que el Ejecutivo del PP interpuso ante el Tribunal Constitucional. El recurso, sin embargo, no ha impedido la tramitación parlamentaria de la ley, donde se han ampliado los casos de protección frente a los desalojos. Ahora el Gobierno central deberá presentar un nuevo recurso. Mientras tanto, la norma entrará en vigor y la Junta prepara un paquete de medidas para que se note su aplicación. Además, el Presupuesto de 2014 contará con una partida específica para esta ley.
La Junta pretende poner el contador a cero con la ley antidesahucios, empezar de nuevo, aunque lógicamente cuenta con un nuevo recurso del Gobierno. Esta norma, que incluye sanciones a las casas vacías y la expropiación temporal a la banca del uso de viviendas para evitar que las familias más desfavorecidas pierdan su casa, estuvo desde el principio en la diana del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese al enorme respaldo social. El Gobierno la llevó al Constitucional haciéndose eco de las reiteradas advertencias de Europa, que avisaba de efectos negativos en la economía. La paralización de la norma hizo que más de una docena de familias que se beneficiaron de la expropiación quedaran a merced de que un juez decida si desahuciarlas o no.
Cuando el Parlamento apruebe la ley la semana próxima, la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), seguirá con su hoja de ruta para dejar claro que Andalucía no está de brazos cruzados, aseguraron fuentes de Izquierda Unida y de la consejería. Se entiende que la Junta publicará en BOJA nuevos expedientes de expropiaciones, que volverán a quedar en el limbo si el Gobierno materializa otro recurso. Aun así, desde PSOE e IU destacan que la ley que saldrá del Parlamento es mucho más amplia que el decreto. Hemos aprovechado hasta el último resquicio normativo, afirmó ayer el portavoz de IU, José Antonio Castro. Se podrán beneficiar de las expropiaciones los autónomos que hayan avalado su negocio con su propia casa y que, por causa de la crisis, estén con un pie en la calle. Igualmente, se acogerán a esta medida las personas que hayan avalado la hipoteca de un familiar con su vivienda (los más perjudicados son los ancianos) y quienes hayan firmado hipotecas puente. El PP ha intentado dar la vuelta a la norma como un calcetín, pide el fin de las expropiaciones e insta a la Junta a aplicar las medidas de Rajoy.
El portavoz del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, anunció que el Presupuesto de 2014, que se está ultimando, contará con una partida para sufragar la ley antidesahucios. Hasta ahora el decreto establecía que la Junta podría gastar en expropiaciones el equivalente al dinero que la administración tiene en sus cuentas por las fianzas del alquiler. En el Presupuesto de 2013, la Junta recoge una previsión de ingresos de 38 millones por los depósitos.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), confió en que el Gobierno no recurra la futura ley de protección de los consumidores frente a las hipotecas, que incluye sanciones a los notarios que permitan préstamos abusivos. El decano del Colegio Notarial de Andalucía, Salvador Torres, dudó de que la Junta tenga competencias sobre unos funcionarios del Estado.
