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El presupuesto andaluz de 2015 frena siete años de recortes en gasto público

La Junta diseña unas cuentas con 29.635 millones de euros contando con que la economía crecerá un 1,8% del PIB, «en paralelo a la tasa de empleo»

el 28 oct 2014 / 12:42 h.

CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS 2015 EN ANDALUCÍA La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz del ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez. / EFE «Un punto de inflexión tras siete años de crisis». El anteproyecto de ley de presupuestos andaluces para 2015, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, rompe una tendencia de retroceso en el gasto público que arrancó en 2009. Ese tope o punto de inflexión se ha fijado en 29.635 millones de euros, casi la misma cifra que en el presente ejercicio (dos millones más) y que frenan o aminoran la caída. Éste es el dinero con el que contará el Gobierno andaluz de PSOE e IU para desarrollar sus políticas en 2015, año con varias citas electorales: municipales y generales, y la recta final hacia las autonómicas (primavera de 2016). La magia matemática de este presupuesto es que en la misma frase caben los siguientes propósitos: el blindaje del gasto en educación, sanidad y servicios sociales –ocho de cada diez euros se dedican a políticas sociales–, el aumento de casi un 20% en inversión real y la reactivación de las infraestructuras, la devolución de las pagas extra a los 273.634 empleados de la Administración andaluza, la reposición del 100% de la jornada laboral y el salario a los eventuales sanitarios, el mantenimiento «a pulmón y sin ayuda del Estado» de la atención a dependientes, y la reducción del capítulo de gasto corriente. Todo esto, pese a prever una caída en los ingresos del Estado de 606 millones. Adelantándose a los periodistas, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se hizo ella misma la gran pregunta: «¿Cómo hemos superado el ajuste de 600 millones que impone el Gobierno y aún así logramos aumentar algunas partidas?». La respuesta: de los 600 millones, el impacto para el año que viene se reducirá a 180 millones porque la Junta, como ya advirtió, no ha contabilizado los 426 millones que debe devolver al Estado por la liquidación negativa del ejercicio 2013. Da por hecho que el Ejecutivo central va a aceptar un aplazamiento de la deuda a 20 años. «Si hubiésemos contemplado esa deuda, hubiera sido imposible no tocar la arquitectura de los derechos sociales de la comunidad, y esa línea roja este Gobierno no la iba a cruzar», dijo Montero. Pero no sólo con omitir el pago inmediato de la deuda salen las cuentas. Para diseñar unos presupuestos «de recuperación», la Junta ha tenido en cuenta una previsión de crecimiento del PIB regional del 1,8%, una estimación «prudente y realista», dijo Montero, dado que varios estudios de calificación apuntan a que la economía andaluza crecerá un 2% en 2015, por encima de la media nacional. Aunque el principal objetivo del presupuesto es «dinamizar la actividad económica y generar trabajo», el borrador de la ley no recoge una previsión sobre el comportamiento del paro en Andalucía. Montero explicó que «el crecimiento del empleo va parejo al crecimiento del PIB», de modo que la Junta confía en que la tasa de ocupación en Andalucía crezca al menos un 1,8% el año que viene. Sin embargo, la última Encuesta de Población Activa, publicada hace días, pone en duda ese análisis: en el tercer trimestre del año, coincidiendo con el verano récord en turistas (el turismo es el motor de la economía andaluza), se hubo 18.800 parados más, muchos del sector servicio. Ahora, la comunidad tiene 1,4 millones de desempleados, el 35% de la población activa. El objetivo de las cuentas de 2015, dijo Montero, «es bajar del millón de parados a final de año». No son presupuestos expansivos, como anunciaron miembros de la Junta, ni tampoco se han despojado de las políticas de contención fiscal dictadas desde Madrid y Bruselas, políticas que hacen que el mayor logro que vende la Junta sea mantener intacto el gasto en educación y sanidad. Ambas consejerías aumentan un 2,5% por la paga extra de los funcionarios (sube el presupuesto de 8 de las 11 consejerías). Esta vez, sin embargo, no se ha hecho a costa de sacrificar la inversión real, que crecerá un 19,8% (1.123 millones). La mayor parte se destina a obras de conservación, mientras que la partida para infraestructuras propiamente dichas se queda en 202 millones (carreteras, transporte...). Con todo, esta cifra para la Consejería de Fomento representa un 54% más que en el presente año. Deuda e impuestos. Los socios PSOE e IU, que firman aquí su tercer presupuesto juntos, sostienen que las cuentas andaluzas son el reflejo inverso de las políticas de Rajoy o de comunidades del PP donde se despide a empleados públicos, se jibarizan los servicios básicos y se privatiza. El 83% del gasto total en 2015 lo absorben las políticas sociales (8.427 millones para Salud, y 6.182 millones para Educación), a pesar de que Andalucía supera en 2.170 millones los recursos que recibe del Estado para sustentar los servicios esenciales a través de la financiación autonómica, criticó Montero. Sin embargo, Andalucía ha necesitado tanta financiación externa en los años más duros de la crisis, que el pago de esa deuda sigue siendo una de las partidas más voluminosa del presupuesto. El saldo negativo de la administración asciende a 2.642 millones, a pesar de que en 2015 se prevé reducir el 17,5% (563 millones), y ese balón de oxígeno es el que, en parte, ha permitido a la Junta dibujar unas cuentas más holgadas. «El peso de la deuda ya no está detrayendo recursos que se pueden invertir en políticas públicas», dijo la consejera, que explicó que en los últimos años la carga financiera del presupuesto se ha reducido en mil millones. Además de aliviarse la deuda, la previsión de mayores ingresos por tributos propios y cedidos de gestión propia (235 millones) y de fondos europeos (325 millones), junto a una reducción de 274 millones en pago de intereses y de 85 millones en «medidas de eficiencia y racionalización del gasto» han permitido cuadrar un presupuesto en el que habrá menores ingresos del Gobierno y en el que no se contempla la venta de inmuebles de la Junta. Respecto a las agencias públicas, éstos representan 2.948 millones. Los fondos para la Cámara de Cuentas suben un 10% (10 millones) para costear el aumento de personal previsto en la reforma del órgano de control, que verá ampliadas sus competencias.

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