Los presupuestos de la Diputación de Sevilla para 2014 crecerán con respecto a los de este año. Pasarán de los 356,6 millones de euros de 2013 a los 404,92 millones del próximo ejercicio, y todo ello a pesar de que las transferencias del Estado y de la Junta de Andalucía bajarán, fundamentalmente las del Gobierno central.
De esta partida, cerca de 108 millones de euros se prestarán a los ayuntamientos a un coste cero. Es decir, a un interés del 0 %. El aumento del presupuesto, según explicó el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la presentación de las líneas generales de las cuentas de la Corporación provincial para 2014, ha sido una decisión política al acordar transferir 50 millones de euros de los activos financieros de la Diputación al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), para que este dinero no vaya a los bancos y se ponga a disposición de los ayuntamientos. Es un préstamo a un año que hace la Corporación provincial al Opaef, para que este organismo, a su vez, se lo preste a los consistorios y sin intereses.
El presidente aclaró que esta medida se ha adoptado debido a las imposiciones del Gobierno central que impide que los activos financieros puedan destinarse a inversiones, gasto social o empleo, por lo que recalcó que antes de que este dinero vaya a los bancos se ha decidido transferirlo al Opaef para que revierta en los municipios.
Respecto a los cerca de 355 millones restantes del presupuesto, Villalobos señaló que otros 11,75 millones irán para un nuevo Fondo de Anticipos Reintegrables (FEAR) para los consistorios, que se pusieron en marcha en 2007, y otros 17,8 millones para el pago de la deuda de la Diputación. Así, detraídos los gastos financieros, la Diputación podría invertir en la provincia 324,2 millones de euros, pero nos encontramos con otro impedimento, la regla de gasto, que nos imposibilita destinar todo este dinero a inversiones en políticas sociales, promoción económica y generación de empleo, criticó Villalobos. En total son 46,1 millones de euros, los que, según cifró el presidente, no se pueden invertir, pero que la Diputación no dejará que se queden en nuestro líquido financiero, generando suculentos intereses. De ahí que la Corporación provincial ha ideado para 2014 un nuevo programa de anticipos reintegrables a 10 años y también a coste cero para que los ayuntamientos que estén en condiciones económico-financieras de acudir a la convocatoria puedan emplear estos 46,1 millones para financiar inversiones.
Villalobos confió en que el Gobierno central no ponga trabas al que denominó Plan de Autonomía Financiera a Coste Cero, porque remarcó que se ha elaborado dentro de los márgenes de legalidad vigente y con el visto de la intervención de la Corporación provincial.
El presidente insistió en que no tiene ningún sentido que una Administración con la Diputación de Sevilla, que cumple con todas las exigencias de estabilidad presupuestaria y límite de endeudamiento, que no mantiene deuda alguna con sus proveedores, que cuenta con una buena situación de tesorería que permite cumplir con los plazos previstos para el pago de los mismos y que no está sujeta a ninguno de los planes extraordinarios de ajuste tenga que acudir a este tipo de maniobras para dar cobertura a sus consistorios.
Respecto a los 278 millones del presupuestos que sí se pueden destinar a inversión, gasto social y empleo, una cifra similar a la de 2013, el presidente destacó que se realizará un esfuerzo sobre los programas de mantenimiento y fomento del empleo y los de carácter social. De este modo, de los 278 millones, 167,32 serán para gasto social, es decir, el 60,19 % del total del dinero destinado a inversiones; 41,90 millones irán para promoción económica; 34,51 para servicios generales; 32,24 para la gestión del sistema tributario del Opaef; y 2,01 para la deuda pública.
Villalobos reiteró que su principal interés es invertir en políticas sociales y que si la normativa del Gobierno central maniata esta posibilidad, nuestro deber es seguir con la austeridad como bandera en los gastos de carácter interno.
E insistió, en que la Diputación con su política garantiza la cobertura de sus centros educativos, residencias de mayores, drogodependencia o centros de discapacidad.
