La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Parlamento
El flamante Gobierno andaluz está desfilando por el Parlamento para dar cuentas de las prioridades de cada consejería. Entre sus manos tiene el Ejecutivo andaluz en estos momentos aprobar un Presupuesto para 2014 que debe llegar a la Cámara antes de que expire octubre y que, en el quinto año consecutivo de crisis y recortes, es una nueva misión imposible. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se estrenó ayer como responsable de este área con dos palabras muy gráficas: extremo y al límite. Admitió que los números presupuestarios se mueven en un escenario extremadamente difícil y de fortísimas restricciones, a la vez que anticipó que harán un nuevo esfuerzo y al límite para no desmantelar servicios públicos.
La Junta debe de cuadrar sus cuentas bajo la soga de un déficit que no podrá superar el 1%, lo que le obligará a volver a apretarse el cinturón. Los socios de Gobierno de Izquierda Unida defienden sin ambages la creación de nuevos impuestos dentro del poco margen que tiene la comunidad autónoma para elevar su presión fiscal. IU tenía casi cerrada la aprobación, dentro de la Consejería de Turismo y Comercio, de una nueva tasa que gravaría a las grandes superficies comerciales. La presidenta socialista, Susana Díaz, descartó durante su investidura que se vayan a aprobar más impuestos y ayer volvió a reiterarlo. La consejera de Hacienda no dio lugar a dudas, a pesar de que IU sigue insistiendo en que tendrán que negociarlo. Montero fue tajante al negar nuevos tributos que, advirtió, solo contribuyen a deprimir más la actividad económica. Los socialistas ponen el foco en la necesidad de combatir el fraude fiscal. Otro compromiso del pacto de Gobierno que aún sigue en el cajón. Habrá una ley de acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal que añadirá los requisitos de patrimonio a los de renta para acceder a las ayudas públicas.
El Gobierno andaluz se comprometió a no destruir empleo público, en un momento en el que este sector es casi lo único que le queda a la Junta para ahorrar gastos. No vamos a privatizar ni cerrar servicios públicos y mantendremos el máximo empleo público posible, sostuvo la consejera. Su intervención estuvo cargada de guiños a los funcionarios, que en los últimos años no han ocultado una tensión con la Junta alimentada por los recortes salariales o la reordenación del sector público acometida por el primero Gobierno de José Antonio Griñán. Los empleados públicos son el corazón y el alma de la prestación de servicios públicos esenciales, defendió Montero, que dijo comprender el malestar de estos trabajadores no solo por las reducciones salariales sino también porque se han podido tomar decisiones posiblemente mal explicadas. En este ámbito prometió un nuevo plan de incentivos y medidas de conciliación.
El consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, coincidió con su colega de Hacienda en la necesidad de agilizar la creación del Instituto Andaluz de Crédito y ambos además se refirieron al caso de los ERE, la presunta trama de desvío de fondos públicos, sin mencionarlo. Montero aseguró que desde su departamento se reforzarán los controles en el uso de las transferencias de financiación, la fórmula utilizada en el presunto fraude de los ERE y que permite eludir los controles a los que están sujetos las subvenciones. Sánchez Maldonado defendió la gestión de su antecesor, Antonio Ávila señalado por la jueza Alaya y garantizó que no dejará en el olvido el reintegro de los fondos defraudados. El PP-A fue duro. La diputada Teresa Ruíz-Sillero lo recibió con un recordatorio: Todos sus antecesores en el cargo después de 13 años están imputados y alguno ha estado en prisión. La corrupción tiene noqueada a la Consejería de Empleo.
