El Ministerio de Educación ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para la reforma del Bachillerato que pone fin al bloqueo registrado tras el fallo del Tribunal Supremo que anulaba por defectos de forma el primer intento de reestructuración de esta etapa no obligatoria y previa al acceso a la Universidad. La nueva reestructuración del Bachillerato zanja la polémica suscitada en ese primer intento cuando se interpretó que el Gobierno iba a permitir que los alumnos pasasen de curso aunque suspendiesen cuatro asignaturas. Esta idea se instaló en la opinión pública por un problema de comunicación (en realidad lo que facilitaba era la inscripción en algunas asignaturas del siguiente curso) y fue el germen de críticas muy aceradas basadas en la necesidad de alentar el trabajo duro y el esfuerzo y de no premiar a quien fracasa en los estudios. En realidad, el debate estaba mal enfocado. Educación nunca quiso premiar el fracaso escolar, sino adoptar criterios de flexibilidad para una etapa escolar que no es obligatoria y que cursan jóvenes que superan los 16 años. Por eso ahora ha retomado la idea y ha llegado a un acuerdo con regiones gobernadas por partidos de ideología distinta. Sólo hay dos diferencias sustanciales con el anterior texto: facilita que los alumnos con cuatro suspensos en Primero de Bachillerato no tengan que repetir todo el curso y cambia la posibilidad de cursar asignaturas de segundo por la opción de clases de refuerzo en determinadas materias. Podrá gustar o no, pero no hay más, con lo que se cierra una polémica que además ha jugado un papel de despiste con respecto al dato que más debería de preocupar a la Administración, a la comunidad educativa y a los padres de los alumnos: el elevado índice de fracaso escolar. En Andalucía, el 43% de los estudiantes repite el primer curso del Bachillerato, una cifra altísima que merece algo más que una simple reflexión que luego no conduzca a nada.
